La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) dio el visto bueno para implementar una mesa de diálogo interinstitucional a realizarse entre los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como con el Poder Ejecutivo y llegar al término del conflicto.
Lo anterior, confirmado por el secretario general de gobierno, Armando Toledo Jamit, quien hizo público el documento avalado por la Ombudsperson estatal Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, dio respuesta al oficio identificado con folio SG/OT/048/2024 donde el Poder Ejecutivo solicitó la mesa de diálogo.
Precisó que ello, derivada de la petición realizada por las y los elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), para que, haya la posibilidad de tener la mesa de diálogo entre ambas partes.
Esto, al cumplirse 18 días desde que iniciaron las huelgas de los agentes de seguridad en la capital del Estado, sin que hubiera un acuerdo entre el Poder Ejecutivo con los elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes demandan mejores condiciones de trabajo, equipamiento y la destitución de los altos mandos.
Esto detonó debido al conflicto registrado el viernes 15 de marzo al interior del Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde 30 elementos policiacos resultaron con lesiones, de estos 19 estuvieron ingresados en hospitales, luego de tratar de extraer a 14 reclusos para ser trasladados a un centro penitenciario federal en Michoacán.
En el mismo sentido, el representante del Poder Ejecutivo, adelantó que la medida de reasignar a personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), esto no significa que serán enviados a otras dependencias, o en su caso a otras direcciones, sino que, continuarán en la dependencia, pero en otras áreas.
Precisó que, el cambio propuesto por la Gobernadora Layda Sansores San Román, deriva de la importancia estratégica y de seguridad que tiene la dependencia en la respuesta a los incidentes registrados a lo largo del municipio y del propio Estado.
Toledo Jamit afirmó que, el movimiento que hay en el personal no tendrá efecto negativo alguno en la permanencia de los uniformados en la secretaría de seguridad pública, ni tampoco en la antigüedad que tienen en la dependencia, por lo que, no corren riesgo de ser afectados.
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JY