La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicthe Ha Rodríguez Mejía, confirmó que son tanto las autoridades municipales como las de salud quienes deben supervisar la operatividad de los “anexos” que están en funcionamiento en la Entidad.
La ombudsperson estatal afirmó que en 2024 se le notificó que estaban operando 23 anexos con registro, aunque presentaban fallas en su operatividad, sin contar aquellos que actualmente brindan el servicio de manera clandestina.
Refirió que los anexos en el Estado se dividen en dos rubros: el seguimiento de las recomendaciones o carencias de los que tienen registro, y los que no reportan su apertura ni al municipio, ni a las instancias de salud, ni a Protección Civil.
En el caso de los que operan sin supervisión adecuada, destacó que no garantizan, en primera instancia, la rehabilitación de las personas adictas, ni que el trato que reciban sea garante de los derechos humanos; en algunos casos, las prácticas llegan a encajar en esquemas de tortura.
Reconoció que uno de los principales problemas es la reapertura clandestina de los anexos clausurados, pues los visitadores detectan que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos ni los protocolos de atención para los pacientes recluidos.
Rodríguez Mejía afirmó que todos los anexos deben contar con una licencia de funcionamiento debido a que reciben ingresos por los servicios que ofrecen. Por ello, el primer ente que debe intervenir son las autoridades municipales, quienes tienen que verificar que los documentos estén en regla.
Añadió que también es responsabilidad de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) supervisar los inmuebles, pues elaboran alimentos para las personas en proceso de rehabilitación, además de vigilar los sanitarios, cuartos y el manejo de basura.
Lo anterior se evidenció la semana pasada, cuando fueron aseguradas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, entre ellos el presunto ex militar y pastor, M.E.C.N., de 50 años, junto con un padrino identificado como C.S.M.L., de 32 años, y las mujeres M.R.C.D., de 46 años, y E.V.C., de 26 años.
