Dr. Antonio Benavides Rosales*
Introducción
Desde hace varios años y en repetidas ocasiones los expertos nos han recordado que la península de Yucatán es una región tropical extremadamente vulnerable, tanto por su situación geográfica cercana al mar, como por los rezagos que padece su población en materia educativa, económica, de salud, en infraestructura, etc., así como por los altos índices de marginación y pobreza que tienen sus municipios, frente al cambio climático y la transnacionalización industrial (Capurro, Franco y Castillo, 2012).
Esta condición de región vulnerable ha sido demostrada en Yucatán, cada vez que se presenta un huracán, e incluso, cuando una depresión tropical afecta las cosechas y la poca infraestructura con la que cuentan las comunidades del interior del estado para sobrevivir. Situación que recurrentemente requiere la atención de las autoridades municipales y estatales para implementar albergues, comedores comunitarios, brigadas de rescate, planes de emergencia, etcétera.
En la situación pandémica actual, las condiciones de vulnerabilidad que padecen miles de personas en los municipios del interior del Estado –incluso en las comisarías y colonias de menores recursos de Mérida–, se ven agravados por la parálisis de las actividades económicas debido a la cuarentena, así como por la veloz expansión del COVID-19 en la entidad, peligro que genera un riesgo debido a las condiciones sociales y económicas preexistentes.
Ante este escenario, es de vital importancia preguntarnos ¿dónde está el Plan de Protección Civil de Yucatán contra la Emergencia Pandémica de COVID-19? Porque, si se supone que existe un gobierno estatal, cabildos municipales, poderes legislativo y judicial, partidos políticos de todo tipo, comisiones de derechos humanos, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, además de asociaciones religiosas, cámaras empresariales, etc., que aparecen recurrentemente solicitando recursos públicos para presentarse como grandes benefactores cuando hay contingencias, aprovechando también las colectas masivas y las reparticiones de donaciones solidarias:
¿Por qué hasta hoy no tenemos un Plan de Protección Civil contra la emergencia pandémica del COVID-19 en Yucatán?
¿Dónde están los refugios, los albergues, las brigadas, las cuadrillas, los comedores, los sanitarios, las despensas, etc., de todos estos supuestos grandes benefactores de la población más indefensa de Yucatán debido a la marginación y la pobreza?
Porque si tenemos en cuenta que actualmente en la entidad se presentan temperaturas de más de 42 °C, y que miles de personas viven en pequeñas viviendas precarias, sin servicios básicos, sin ingresos, donde no resulta posible lavarse las manos de manera frecuente, ni guardar la sana distancia, se entiende la inminente necesidad de evitar o al menos mitigar la transmisión masiva del nuevo coronavirus y sus fatales consecuencias, organizando albergues y refugios temporales utilizando los recursos disponibles, tanto materiales –iglesias, escuelas, universidades, hoteles, edificios públicos, etc.–, como humanos –los cuerpos de policía, las asociaciones civiles, etc.–, para localizar, trasladar y proteger a la población más vulnerable, como se hace en caso de huracanes e inundaciones, garantizando a estos grupos vulnerables al menos una comida diaria y condiciones mínimas de salubridad e higiene.
La legislación sobre Protección Civil en Yucatán como región vulnerable en tiempos de pandemia
En México los acuerdos respecto a la Gestión Integral de Riesgos se expresan en la Ley General de Protección Civil, publicada en 2012, en cuyo artículo 17 se establece:
Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los presidentes municipales y los alcaldes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente.
La Protección Civil, que hace referencia al conjunto de actividades, planes, programas y normativas que los gobiernos y las instituciones privadas aplican en la mayoría de los países con el objetivo de apoyar a las poblaciones expuestas a fenómenos perturbadores de origen natural –como los huracanes y los sismos–, o antropogénico –como los conflictos armados, los incendios o las epidemias, con el propósito de prevenir o mitigar el riesgo al cual se enfrentan debido a su vulnerabilidad.
Este concepto nace oficialmente en 1949, cuando se firma el Tratado de Ginebra, como parte del Protocolo de Protección a las víctimas de conflictos armados internacionales, con la intención de aminorar las pérdidas y daños, así como las serias dificultades que afronta la población civil en tiempos de crisis, por la muerte y enfermedad de millones de personas, la destrucción de edificios públicos, viviendas, vías de comunicación, fuentes de empleo, sistemas de producción de alimentos, etcétera.
En las últimas décadas, la evolución de las tareas y acciones en materia de Protección Civil a nivel global, llevaron a los especialistas a plantear un concepto más amplio e integrado, que sirve para analizar las causas y las consecuencias de un desastre o una catástrofe y la forma de implementar mejores acciones para prevenirlo o evitarlo, tarea central en el momento en el que vivimos: la Gestión Integral del Riesgo de Desastres o GIRD.
De igual forma, la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, publicada en 2017 establece en su Artículo 1. Objeto:
Esta ley es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales en materia de protección civil, así como con el sector público, privado y social; fomentar la cultura en esta materia; y las acciones de prevención y atención de emergencias y desastres.
La Protección Civil tiene como principal objetivo “la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno”, para lo cual las autoridades estatales deben garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura estratégica y los servicios vitales. Entre las tareas humanitarias que abarca la Protección Civil, destinadas a proteger a la población de los peligros y las catástrofes, ayudándola a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia, se encuentran las siguientes:
1 Servicio de alarma o alerta temprana.
2 Evacuación.
3 Habilitación y organización de refugios.
4 Aplicación de medidas de seguridad.
5 Salvamento.
6 Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa.
7 Lucha contra incendios.
8 Detección y señalamiento de zonas peligrosas.
9 Descontaminación y medidas similares de protección.
10 Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia.
11 Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables.
12 Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia.
13 Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo, entre otras cosas, la planificación y la organización.
Sin embargo, los expertos concuerdan en que tanto en la península de Yucatán, como a nivel nacional, se requiere fortalecer un sistema de gestión integral de riesgos y protección civil, es decir, un conjunto orgánico y articulado de estructuras, normas, políticas públicas y acciones que establecen los gobiernos estatales con el gobierno federal, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos con las diversas organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la sociedad civil, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico, para fortalecer la gobernabilidad ante el riesgo de desastres, a partir de la prevención, reducción y control de los fenómenos perturbadores, que permitan una respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
El sistema de gestión integral de riesgos y protección civil de Yucatán deberá tener como objetivos principales, cuando menos los siguientes:
I La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores que se suscitan en la península.
II Identificar y analizar los riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención, mitigación y resiliencia.
III Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de responsabilidad social dirigida a la gestión integral de riesgos y protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección.
IV Reducir los riesgos sobre la infraestructura de las ciudades y los pueblos, los servicios vitales y sistemas estratégicos, realizando las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de su vulnerabilidad.
V Fomentar la participación ciudadana inclusiva e intercultural, con perspectiva de género y sin discriminación para crear comunidades resilientes, para recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales.
VI Incorporar a la gestión integral de riesgos, como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo de las ciudades, los pueblos y el campo, para revertir el proceso de generación de riesgos.
VII Establecer un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la gestión integral de riesgos y protección civil.
VIII Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías.
Conclusiones
La Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD) surgieron en el siglo xx, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora más que nunca son conceptos esenciales para entender lo que está sucediendo, tanto a nivel global como local, en los países y regiones que están poniendo a prueba la responsabilidad social y la capacidad humanística de sus instituciones públicas y privadas al enfrentar la crisis pandémica del COVID-19, bajo las actuales condiciones creadas por la transnacionalización industrial y el cambio climático.
Como hemos visto en Yucatán, la experiencia institucional ante los embates de huracanes y ciclones tropicales debería ser retomada para enfrentar la crisis actual, porque dadas las condiciones de vulnerabilidad y exposición que tiene la población, se crean las condiciones desfavorables para la presencia del desastre, como ha sucedido en las últimas semanas a nivel global.
A nivel internacional, observamos que los impactos negativos de la epidemia de COVID-19 se aprecian diametralmente diferenciados de una región a otra con países como Vietnam, Corea del Sur, China o Japón, que teniendo la experiencia del SARS y el MERS en años recientes, han sabido controlar mejor la situación, protegiendo a sus poblaciones mediante la gestión integral del riesgo, a diferencia de los países europeos o Estados Unidos, regiones en las que supuestamente existen más recursos e infraestructura para afrontar las crisis sociales y humanitarias.
Las acciones que han tomado las instituciones públicas en este sentido dependen en uno y otro lado del entendimiento de la situación y la programación de planes para la reducción del riesgo de desastres. Porque aunque los protocolos internacionales como el Marco de Sendai y el Acuerdo de París, consideran indispensable generar investigación actualizada y confiable sobre las nuevas realidades sociales y culturales a nivel local, promoviendo el intercambio de información y la construcción social de conocimiento, para una comunicación efectiva de los peligros ante las pandemias y emergencias, en la práctica, las acciones para disminuir el riesgo siguen siendo reactivas en lugar de prospectivas y preventivas, poniendo énfasis en la atención del desastre, y no verdaderamente en las causas por las condiciones de riesgo a las que está expuesta la población.
Esto significa que, aunque el enemigo común es el COVID-19, también nos enfrentamos a las condiciones de riesgo preexistentes y subyacentes en las sociedades afectadas, “relacionadas no solo a una amenaza biológica (el coronavirus en sí), sino también al nivel de exposición de las personas, colectividades y sociedades al virus y niveles diferenciados de vulnerabilidad, expresada tanto en términos físicos como también en distintas dimensiones sociales y económicas”. (Lavell et. al. 2020).
En este escenario, la falta de información confiable y la abundancia de noticias falsas, que circulan sin criterio, puede aumentar la vulnerabilidad y la exposición de los colectivos sociales, factores que forman parte de la construcción social del riesgo.1
Notas
1 Para Lavell et. al. 2020, la catástrofe o desastre del COVID-19 desde la perspectiva de la GIRD “es la materialización de un riesgo socialmente producido en el tiempo y en el espacio relacionado con los procesos económicos, sociales, territoriales y ambientales que condicionan el contexto en que la amenaza representada por el coronavirus y la enfermedad COVID-19 se desarrolla; o sea, los diversos factores de exposición y de vulnerabilidad que existen”.
Referencias
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/02/2017/DIGESTUM02356.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_GEST_RIESGO_PROTECC_CIVIL_CDMX_05_06_19.pdf
Lavell, Allan, Elizabeth Mansilla, Andrew Maskrey y Fernando Ramírez (Abril 15, 2020). Herramientas para interpretar la pandemia COVID-19: desastre, políticas públicas y gestión del riesgo.
Organización de las Naciones Unidas ONU (2105). Marco de Sendai parta la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030.
UNISDR (2015). Hacia el desarrollo sostenible: El futuro de la gestión del riesgo de desastres. Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra, Suiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).
Capurro Filograsso, Luis, Jorge A. Franco Cáceres y Víctor Castillo Escalante (2012). Península de Yucatán: Zona estratégica y región vulnerable para sus recursos marinos y costeros, Recursos acuáticos costeros del Sureste, vol. 1, A. Sánchez, X. Chiapa y R. Brito Eds, pp. 29-36. Red Para el conocimiento de los recursos costeros del sureste UNAM, Mérida.
Capurro Filograsso Luis, Jorge Franco C. y Antonio Benavides R. (2012) “Turismo Premium, Patrimonios en riesgo y Zonas Marítimo Terrestres en la Península de Yucatán”, artículo publicado en el Suplemento Científico y Cultural Unicornio, del periódico POR ESTO!, el domingo 10 de junio, No. 1101.