Antropólogo Jorge Franco Cáceres
Dentro y fuera de México, debe saberse que Andrés Manuel López Obrador cuenta con la legitimidad que el movimiento nacional de resistencia pacífica le otorga como líder social e histórico. No necesita de nadie más para mantenerse o, incluso, separarse del poder central, pues cuenta con el apoyo libre y democrático de millones de mexicanos que trabajan para vivir.
Sin embargo, es importante también que se entienda que nada legitima más a AMLO –como jefe de Estado, presidente de la República e, incluso, como líder de la Cuarta Transformación, que la incapacidad propositiva de las oposiciones partidistas aunada a la tribulación colaborativa de las reacciones sectoriales, posturas manifestadas hasta hoy como calumnias chantajistas desde medios pagados y las redes sociales.
Oposiciones y reacciones fallidas ante los programas
de prevención sanitaria
y de recuperación económica
No han sido capaces el PAN, PRI, PRD, MC, etc., y menos los CCE, Coparmex, Conago, GOAN, gobernadores del NE., etc., de proponer algo factible en economía general, bienestar social y salud pública durante la contingencia por la enfermedad del COVID-19. Ninguno de ellos ha colaborado con el Estado mexicano en algo realmente viable en beneficio de México, porque desprecian las iniciativas sociales y humanísticas a favor del pueblo mexicano.
Aniquiladas las rabietas del crecimiento debido a la epidemia, las oposiciones y las reacciones pasaron de inmediato a ser emisarios del miedo populista. Ahora se dedican a gritar desde editoriales y videos que padecen marginaciones, reclamando al Presidente de la República que ignore lo que denominan “sus propuestas”.
Desaforada fue la reacción del Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) al Programa Emergente de Bienestar y Empleo debido al COVID-19 (PEBE), que su líder Carlos Salazar Lomelín calificó de “incompleto”. Lo calificó así porque juzgó desde su enojo autoritario que las condiciones sectoriales y las exigencias privadas “no han sido tomadas en cuenta” por el Presidente de la República.
El desplante de Salazar llegó al extremo de pretender el inicio de una campaña para la revocación de mandato de AMLO en 2022, acusándolo de inacción ante el nuevo coronavirus. Varios análisis del PEBE sirven para demostrar al CCE que se trata de un programa justo a favor de los mexicanos. Realmente serio es este programa del Gobierno Federal frente a la lista de reclamos tecnocráticos que sirve a los grupos fallidos para montar arguendes publicitarios.
Las oposiciones y las reacciones se muestran antisociales también por menospreciar que el PEBE –anunciado por el Presidente el pasado 5 de abril–, responde a la avasalladora emergencia de Salud Pública, debida a la pandemia del COVID 19, que alcanza el territorio mexicano y está impactando la salud de la población y afecta su economía.
No asumen que se trata de un programa surgido de la planificación institucional; no es una ocurrencia gubernamental y menos una improvisación estatal. Tenemos acá un compromiso público a partir de los recursos disponibles por el Gobierno Federal, que procede desde los objetivos sociales para el Estado de Bienestar Libre de Deuda Externa y Violencia Social, perfilados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (PND).
Tampoco admiten que el PEBE no podía haber surgido de otro modo, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispone que la distribución del dinero público sea muy vigilado para que sea efectivamente bien ejercido. Las oposiciones y las reacciones no reconocen que esto se hace con autoridad indispensable para combatir la corrupción y la impunidad, es decir, para hacer que los programas que se financian desde el Gobierno Federal cumplan con las garantías públicas.
Conviene también señalar a sus líderes y sus fuerzas que los programas emergentes son siempre instrumentos públicos para atender necesidades de la población más afectada por crisis generales: sanitarias, climáticas, etc. Su función histórica es apoyar con recursos estatales a los sectores sociales más vulnerables. Ningún programa de emergencia procede por fines políticos, privados y menos electorales, como parecen ser los afanes que mueven a los grupos fallidos.
Corresponde a las oposiciones y las reacciones aceptar el valor humanístico del Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo. Este valor reitera, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y ante la gravedad de la pandemia del COVID-19, que el crecimiento económico, el incremento de la productividad sectorial y la competitividad empresarial no pueden tener sentido social como listas de objetivos tecnocráticos, sino como medios públicos para lograr un objetivo histórico: el bienestar general de la población nacional.
Ante los grupos fallidos, el PEBE ratifica en sus objetivos y desde sus acciones que el interés público debe servir al interés social y humano de México y no a los intereses privados, para cumplir con los mexicanos en completo apego al Estado de Derecho como garante de la paz social. En ese sentido, el programa emergente está completo, es justo y tiende a la perfección.
Cómo proceden las oposiciones y las reacciones fallidas en la presente crisis sanitaria del COVID-19:
- Atacar en el caso de las pruebas
Reclaman que se hagan pruebas de detección del COVID-19 de manera masiva y arbitraria. No asumen que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo proceden pruebas profesionales que sean coordinadas y seguras, aplicadas a quienes están graves, pero protegiendo a quienes las aplican. Han tratado de alentar a las personas asintomáticas de algunos estados para que exijan pruebas a las autoridades sanitarias, ignorando los riegos que entraña decirles que vayan a centros hospitalarios con fuertes cargas de infectados y enfermos por el nuevo coronavirus.
- Reclamar en el caso de los infectados
Otro argüende de los grupos fallidos se monta a partir de la exigencia a las autoridades federales de aislar a los infectados del COVID-19 fuera de sus casas, para evitar la política nacional que aconseja quedarse en casa a las personas asintomáticas y luego proceder a reclamar recursos adicionales para los manejos aislados. Pretenden también desde algunos gobiernos que los sitios para enfermos e infectados no deben ser hospitales temporales, sino clínicas especializadas con camas replegables, tanques de oxígeno y máquinas avanzadas para cuidados intensivos.
- Exigir en el caso de las fiebres
Dado que en México las revisiones de las fiebres durante los brotes epidémicos no se han vuelto rutinarias, tratan de alarmar a la opinión pública, enfatizando que el Sector Salud no revisa las temperaturas de las personas antes de entrar a los autobuses, de abordar los trenes o de acceder a las estaciones del metro, los edificios de oficinas, los establecimientos comerciales, etc. Suelen también confundir los chequeos rápidos de temperaturas con pruebas de infección del nuevo coronavirus.
- Acusar en el caso del rastreo
de los contactos
Los grupos fallidos acusan a las autoridades federales de no proceder para encontrar y efectuar pruebas a todos los contactos de los casos positivos del COVID-19. Desprecian algunos gobiernos que, si los departamentos de salud de sus estados carecen de personal para rastrear casos regulares, no hay modo de exigir al Sector Salud que registre todos los contactos casuales de los infectados con el nuevo coronavirus.
- Exigir para que todos
lleven cubrebocas
Aunque los países asiáticos sugieren el uso de cubrebocas a las personas asintomáticas, no disponen que sea una medida obligatoria sujeta a sanción policial. La estrategia oriental tiene que ver con la psicología popular más que con el miedo populista de las oposiciones y las reacciones en México.
Los expertos concuerdan en que los enfermos deben usar cubrebocas para evitar la propagación del COVID-19 al toser o respirar, pero las personas asintomáticas no pueden ser obligadas a usarlos sin contravenir sus derechos individuales. Sin lugar a duda, los gobiernos panistas, priistas, emeciudadanos, etc., optan por la imposición del cubrebocas, debido a que no se sienten capaces de convencer a la población para que tomen en serio las recomendaciones sanitarias.
- Recriminar por las disposiciones
sobre servicios vitales
Los grupos fallidos recriminan las disposiciones federales que no privilegian los intereses privados de las economías regionales durante la pandemia del COVID-19. Instruyen apartarse de las políticas emergentes de comercio indispensable –destinado a garantizar la provisión de alimentos, medicamentos, servicios básicos, etc.–, objetando daños drásticos a las economías regionales para que algunos gobiernos estatales puedan mantener activos otros negocios privados. Alientan descoordinaciones fiscales, reagrupamientos público-privados, pronunciamientos conjuntos, etc., como medidas de presión en búsqueda de negociaciones con el Gobierno Federal.
- Denunciar carencias de
respiradores y de oxígeno
Sin mayores ideas de las progresiones de las curvas regionales de contagio, insisten en que los respiradores y el oxígeno no alcanzarán para manejar el aumento repentino de enfermos en los hospitales estatales. Reclaman recursos adicionales para adquirirlos de urgencia con fabricantes especializados y empresas extranjeras, sin compromisos de consultar con expertos sanitarios y encontrar alternativas solidarias.
- Reclamar recursos adicionales
para los hospitales públicos
y los servicios de salud
Los grupos fallidos temen tanto el aumento acelerado de pacientes de COVID-19 que reclaman recursos adicionales para que algunos gobiernos procedan a construir hospitales en plazos breves. Sin embargo, se trata de gobiernos que no hablan de cómo programarán los combates estatales a la epidemia desde la protección civil y menos de cómo organizarán los servicios regionales desde la emergencia sanitaria. Nunca se sabe si atenderán en determinados hospitales a enfermos en estados graves o críticos por el COVID-19, y qué otros serán restringidos al manejo de urgencias ajenas a la epidemia.
- Exigir el cierre inmediato y
mantener cerradas las escuelas
No asumen las oposiciones y las reacciones que el cierre de las escuelas en todos los niveles y mantenerlas cerradas sin fecha de reapertura no procede por miedo populista, sino que solo tienen sentido cuando ocurre una transmisión generalizada documentada en las comunidades.
- Incapacidad de reclutar voluntarios
Nada de éxito tienen en el reclutamiento de voluntarios para la prevención sanitaria y la protección civil. Son incapaces de intentar algo relacionado con ciudadanos libres que se conviertan en verificadores de fiebres, rastreadores de contactos, repartidores de comida, trabajadores de hospitales, del cuidado de adultos mayores, de resguardo de personal médico, e incluso, apoyos para sus familias. Aunque algunos gobiernos han procurado la formación de brigadas en casos de huracanes, inundaciones y sismos, no se ha visto hasta hoy que sepan qué hacer en el caso de la pandemia del nuevo coronavirus.
- Reclamar por tratamientos
y exigir vacunas
Aunque no dan muestras de entender qué son los tratamientos y los medicamentos efectivos contra el nuevo coronavirus, las oposiciones y las reacciones reclaman ensayos clínicos al Sector Salud y también exigen vacunas que suponen existen en países avanzados.
¿Será democrático o golpista el futuro legado por la pandemia del COVID-19 en México?
Deben saber las oposiciones y las reacciones en México que AMLO, el Gobierno Federal, el Sector Salud, el PEBE, etc. no son los causantes de sus acciones fallidas, sino la incapacidad propositiva y la tribulación colaborativa que siguen evidenciando desde sus desesperadas campañas y sus intrigas mediáticas.
La epidemia de COVID-19 acabó con las oposiciones reactivas y las reacciones sectoriales en defensa golpista de la más salvaje restauración neoliberal, abriendo la oportunidad de democratización de los poderes estatales y las fuerzas políticas de México a partir del proyecto nacional del Estado de Bienestar.
Sea por convicción, por conveniencia o por sobrevivencia, hay condiciones en nuestro país para competir equitativamente en torno a una economía de redistribución y subsistencia para un Estado de Bienestar. No hay otro proyecto de interés nacional que sea factible durante la epidemia y menos viable después de ella y para el resto del sexenio.
Sea a nivel nacional, regional o local, los gobiernos estatales, los poderes legislativos y judiciales, las representaciones federales y estatales, las presidencias municipales, etc., no tienen más opción política que asumir el proyecto nacional del Estado de Bienestar.
Les corresponde servirlo desde una economía de redistribución y subsistencia, con austeridad republicana libre de corrupción administrativa y deuda pública. Ya procede la mayoría de los gobiernos estatales de acuerdo con sus recomendaciones, pero subsiste una minoría reactiva que insiste en hipotecar las economías regionales para privilegiar intereses privados.
Quizá sea importante que las fuerzas partidistas y los poderes sectoriales entiendan que ahora sí están en condiciones de competir democráticamente dentro y fuera de los poderes del Estado, pues el proyecto tecnocrático de las oposiciones reactivas y las reacciones sectoriales que defendían en forma golpista, ha sido enterrado por la pandemia del COVID-19 por el resto del sexenio.
No existe en la actualidad pandémica modo de pugnar por crecimiento económico, calificación financiera, inversión extranjera, despojo patrimonial y menos deuda externa. Ahora se trata de seguir de modo serio y responsable el Programa Nacional de Desarrollo y los Programas Emergentes para el Bienestar y el Empleo, siempre en los términos programáticos de la Secretaría de Hacienda y con los recursos disponibles del combate a la corrupción y la austeridad republicana del Gobierno Federal.