Luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba detener a Laura Bozzo por presuntamente vender un inmueble que había sido embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), trascendió que un Juez Federal otorgó la suspensión provisional de la orden de aprehensión contra la conductora.
La medida cautelar, impuesta por la autoridad, se estableció a la par de una cifra de 300 mil pesos como garantía, la cuál deberá liquidarse en un plazo de cinco días para validar dicha suspensión.
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“En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal, es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que procesa en la suspensión definitiva”, reza parte del escrito difundido en el programa El Gordo y la Flaca.
Si lo anterior se cumple en tiempo y forma, Laura Bozzo podría evitar su encarcelamiento, incluso si fuera detenida por la FGR, hasta que se celebre su audiencia incidental, programada para el próximo 30 de agosto, y donde se determinará si procede o no la suspensión definitiva.
La suspensión provisional no implica que se frene el proceso legal al que fue vinculada.
Laura Bozzo, acusada de delito fiscal
El pasado 18 de agosto, un Juez Federal mexicano ordenó la captura de la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo porque no se entregó cuando se le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal.
En tanto, la FGR solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Bozzo en más de 190 países y presentarla ante el juez mexicano.
La polémica presentadora fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el SAT, y se le impuso prisión preventiva.
Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13.769 millones de pesos (690.750 dólares) y al comercializarlo incurrió en el delito de "depositario infiel" por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.
Por medio de sus abogados, Bozzo promovió un amparo con el objetivo de obtener una suspensión provisional que impidiera su captura, argumentando problemas de salud. Con información de Las Estrellas
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