Zheger Hay Harb
En Colombia durante muchos años el fragor de la guerra concentraba de tal manera la atención pública que ocultaba la enorme corrupción que corroe al país. La paz con las FARC permitió voltear la mirada hacia los problemas de fondo que la clase dirigente ni siquiera mencionaba porque el único culpable era la guerra.
El ambiente de seguridad que la paz trajo como un aire fresco a la vida nacional permitió robustecer la protesta social pacífica, la lucha por la ecología, las marchas de estudiantes pidiendo un presupuesto decente para la universidad pública; la restitución de tierras que, con muchos tropiezos, empezó a devolver sus parcelas a los desplazados por la violencia, por primera vez un ex guerrillero llegó a pisarle los talones al candidato presidencial de la derecha, los líderes sociales, luchadores por la restitución, defensores de derechos humanos y gestores comunitarios que defendían el derecho de sus comunidades sobre el de las empresas mineras fortalecieron sus campañas; se potenciaron partidos y movimientos de centro e izquierda, la ciudadanía empoderada investiga y denuncia cada vez más y han empezado a salir a la luz pública casos gravísimos de corrupción.
Lo que la guerra ocultaba empezó a aflorar. Ya no podía atribuirse a ella todo lo que ocurría en el país ni presentar a los partidos de izquierda como guerrilleros. Los ex guerrilleros de las FARC, luego de enfrentarse a los reclamos de las víctimas y de recibir la sacudida de su desastre electoral, han concentrado sus esfuerzos en aprovechar los espacios de esta imperfecta democracia y parecen captar cada día, gracias a su trabajo constante, mayor favorabilidad de la ciudadanía.
Pero un elemento oscuro enturbiaba esa, al parecer, eclosión de primavera: firmados los acuerdos de paz, empezaron a caer asesinados los líderes sociales: 230 el año pasado y en lo que va corrido de este tenemos que lamentar 9 más. El gobierno se ha negado a reconocer que en esas muertes hay sistematicidad. Se oyó un irrespetuoso y desfachatado concepto del ministro de Defensa anterior: las muertes se debían a líos de faldas.
Pero este mes la Corte Suprema conceptuó que sí había sistematicidad en esos crímenes haciendo oficial lo que desde hace tiempo vienen denunciando las organizaciones sociales. Y esta semana una juez de Cali condenó a 3 militares ® por planear, en 2004, asesinatos de defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, que lograron evitar la privatización de Emcali (empresa de servicios públicos de Cali) así como del senador del Polo Democrático Alexánder López en un llamado Plan pistola, u Operación Dragón, financiado por la Superintendencia de Servicios Públicos dirigida por Eva María Uribe en el gobierno de Alvaro Uribe, hoy funcionaria del de Iván Duque como directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No es la única premiada por actuaciones parecidas.
Ya está suficientemente demostrada en estrados judiciales la autoría de militares en ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas falsos positivos.
Con el atroz y estúpido atentado a la Escuela de Policía de Bogotá, cuya autoría reconoció oficialmente el ELN, Uribe, a la cabeza de la caverna, ha vuelto a decretar la guerra contra todo lo que huela a izquierda o luchas sociales. El rechazo al atentado ha sido general: desde la ex guerrilla de las FARC hasta todas las organizaciones y líderes de opinión se han unido a la condena pero, a diferencia de la derecha, que siente que se ganó la lotería con esta absurda acción, insisten en que no hay otra salida que el diálogo.
Luego de esos hechos ya no se habla de la corrupción del fiscal ni de líderes sociales asesinados, las únicas víctimas aceptables son las de la policía y Uribe pregona una política de tierra arrasada como solución a todos los problemas del país.
Hoy amanecimos con la noticia de otro líder social asesinado. Dolorosamente debo aceptar que será apenas uno más de todos los que faltan.