Manuel E. Yepe
Mientras los estadounidenses se distraían con la obsesión del impeachment que monopoliza titulares de la prensa, el Congreso aprobó y el Presidente Donald Trump firmó una ley que modifica disposiciones de la Ley Patriota de Estados Unidos, que debían expirar el quince de diciembre de 2019, republicanos y demócratas no están teniendo problema para unir sus fuerzas teóricamente antagónicas en el Congreso a fin de mantener su dominio conjunto del poder.
La legislación que menciono en el párrafo anterior resultó aprobada en el Senado con una votación bipartidista de 74 a 20 votos. En la Cámara, la ley de marras había pasado con un margen de 231-192. Fue firmada por el presidente Trump –quien, a principios de año, había lanzado la idea de hacer permanentes los poderes de vigilancia del gobierno sin que surgieran protestas por su impacto obstructivo de los derechos del pueblo.
El proyecto de ley de gastos no tuvo que exponerse como en ocasiones anteriores por la amenaza en ciernes de otro cierre del gobierno. El Congreso pudo haber votado a favor de separar la extensión de la Ley Patriota del proyecto de ley de financiamiento, pero tal cosa no ocurrió. El derrumbe de la Administración era otro obstáculo para la normalización de los poderes de vigilancia masiva del gobierno y la clave de todo era lograr la normalización de los poderes de vigilancia masiva del gobierno.
La Ley Patriota también redefinía el terrorismo de manera tan amplia que muchas actividades políticas no terroristas, como las marchas de protesta, las manifestaciones y la desobediencia civil se consideran ahora posibles actos terroristas, lo que hacía que cualquiera que deseara participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda fuera considerado eventual sospechoso del estado de vigilancia.
La Ley Patriota justificaba una vigilancia doméstica más amplia, con la lógica de que si los agentes del gobierno disponían de más información de cada estadounidense, serían capaces de distinguir a los terroristas de los ciudadanos respetuosos de la ley. Algo que, sin duda, compartirían por igual la policía de los pequeños territorios y los agentes federales.
Lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 otorgó al gobierno la excusa perfecta para llevar a cabo una vigilancia de gran alcance y recopilar gran cantidad de información sobre los ciudadanos, incluso sobre aquellos más respetuosos de la ley.
En Estados Unidos, los agentes federales y de policía fueron autorizados a llevar a cabo registros de viviendas y oficinas sin que el ciudadano esté presente y confiscar sus bienes personales sin notificar previamente de la intención de hacerlo y sin su presencia.
El 11 de septiembre dio al gobierno estadounidense la excusa perfecta para llevar a cabo una vigilancia de gran alcance y recopilar información incluso de los ciudadanos más respetuosos de las leyes.
Los agentes federales y los oficiales de policía quedaron así autorizados a llevar a cabo registros encubiertos de casas y oficinas mientras el investigado está ausente, así como confiscar sus bienes personales sin notificarle primero de su intención o su presencia.
La ley también le otorgó al FBI el derecho de presentarse en los centros de trabajo de los investigados y, exigir los registros personales de éstos, interrogar a sus supervisores y compañeros de trabajo, todo ello sin notificárselo a éstos; le permitió al gobierno el acceso a sus registros médicos, registros escolares y prácticamente todos los registros personales sobre los encartados, y le permitió al gobierno exigir secretamente ver los registros de libros o revistas que haya sacado de cualquier biblioteca pública y sitios de Internet que haya visitado (por lo menos 545 bibliotecas recibieron dichas solicitudes en el primer año tras la aprobación de la Ley Patriota).
A nombre de la lucha contra el terrorismo, ahora se permite a los funcionarios del gobierno monitorear registros de instituciones religiosas y políticas aunque no haya sospechas que les vinculen a actos delictivos; procesar a los bibliotecarios o a los poseedores de cualquier otro registro si le dicen a alguien que el gobierno ha citado información relacionada con una investigación terrorista; monitorear las conversaciones entre abogados y clientes; buscar y confiscar los documentos y efectos de los estadounidenses sin mostrar causa probable; y encarcelar a los estadounidenses indefinidamente sin un juicio previo, entre otras cosas.
El gobierno federal también hizo un uso liberal de sus nuevos poderes, especialmente mediante el uso (y abuso) de las nefastas cartas de seguridad nacional, que permiten al FBI exigir registros personales de clientes a los proveedores de servicios de Internet, instituciones financieras y compañías de crédito, con simple autorización del agente gubernamental a cargo de una oficina local del FBI y sin la aprobación previa del tribunal.
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