Zheger Hay Harb
Hernán Giraldo, narcotraficante del cartel de Medellín devenido en jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta donde impuso un régimen de terror, conocido violador sexual de menores, busca, como la mayoría de sus compinches, ser admitido en la Justicia Especial de Paz (JEP) para hacerse acreedor a sus beneficios.
Originario de Antioquia, le resultó fácil adueñarse de la Sierra por el natural bondadoso y pacífico de sus habitantes, poco habituados a la violencia que no supieron resistir. No ocurrió lo mismo con la clase política que lo apoyó con entusiasmo y llegó a imponer gobernador del Magdalena y alcalde de Santa Marta.
Álvaro Uribe, quien ahora critica que los responsables de delitos contra menores sean juzgados en la JEP, durante su presidencia, mediante la ley de Justicia y Paz impulsada por él para lograr la desmovilización de los paramilitares, permitió que los abusadores de menores fueran condenados a penas de entre 5 y 8 años de cárcel que no se hacían efectivos en instituciones carcelarias. Los aliados del gobierno en el Congreso, en su mayoría condenados luego por la Corte Suprema de Justicia en el conocido proceso de la parapolítica, miraron hacia otro lado y ni siquiera contemplaron estos delitos ni tuvieron ningún reato en sus muy católicas conciencias cuando se discutía la ley que aprobaron con sus mayorías. Bien dijo Salvatore Mancuso, uno de los más conocidos paramilitares, que el 38 % del Congreso era “de nosotros”. Y Uribe, ante la avalancha de detenciones, les dijo que votaran sus proyectos antes de que los mandaran a la cárcel.
En el acto legislativo que dio vida jurídica al acuerdo de paz y creó la JEP se aprobó que en el caso de delitos contra menores las penas fueran las de la justicia ordinaria, es decir, mayores que las de la justicia especial. Sin embargo, la Corte Constitucional conceptuó que eso rompería el equilibrio en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, parte del cual es la justicia transicional, que tiene como objetivo buscar la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y garantizarles la no repetición y que aumentar las penas desincentivaría la confesión de los delitos. Contra el populismo punitivo hay que decir, como enseña la experiencia, que el aumento de penas no conduce a la justicia, sino a la impunidad.
La JEP busca entonces que esos objetivos se cumplan realmente para no repetir la historia del juzgamiento de los paramilitares que aún nos deben la verdad y ni hablar de reconocimiento de las víctimas ni su reparación. Así que Uribe y sus aliados, tan permisivos en esos procesos, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ante una justicia que busca hacer efectivos sus propósitos.
De entre todos los paramilitares violadores, el mayor depredador sexual fue Hernán Giraldo, por ello conocido como Taladro. Fue, como la mayoría de los exjefes paramilitares, extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico y un juez de Justicia y Paz próximamente lo condenará a la irrisoria pena máxima contemplada en esa ley por las múltiples violaciones a menores de 14 años. Dicen testigos que los mismos padres le llevaban a sus hijas con derrotada fatalidad ante la seguridad de que de todas maneras se las apropiaría. Las niñas violadas fueron más de 200, la menor de ellas de 12 años; reconoció haber engendrado 70 hijos con sus víctimas, aunque se cree que la cifra es superior.
En 2016 un juez de Estados Unidos aceptó el testimonio de los familiares de un militante del M19 asesinado por Giraldo porque enseñaba a los campesinos a sustituir los sembrados de coca por productos alimentarios y declaró la relación entre el homicidio y el narcotráfico, ante la oposición tanto de su defensor como del representante del gobierno de Estados Unidos. Este hecho servirá de precedente para juicios de otros paramilitares.
Nunca se le conocieron acciones contrainsurgentes; su asunto era el narcotráfico y por el dominio de sus rutas se enfrentó con otro paramilitar de la Costa, Jorge 40, en una pelea por dominar la salida de la droga al mar, pelea que cobró 200 víctimas y el desplazamiento de cientos de campesinos; finalmente los dos bandidos acabaron como socios. Por el uso de esos puertos para exportar la coca a Estados Unidos y Europa exigían pago a los narcotraficantes de todo el país. Sus víctimas se cuentan por miles por abusos sexuales, asesinatos, desapariciones forzadas, desmembramientos y, por supuesto, expropiaciones de campesinos. Realizó campañas de “limpieza social” y persiguió y asesinó a miembros de la Unión Patriótica (UP) la fuerza política que surgió a raíz del proceso de paz en la presidencia de Belisario Betancur.
Se estima en 67,000 el número de sus víctimas por diversos delitos; la fiscalía novena de Justicia y paz le imputó 695 delitos.
En 2006 se desmovilizó y aunque se decía que contaba con 400 hombres, al igual que hicieron los otros jefes paramilitares, aumentó fraudulentamente sus filas y se presentó ante las autoridades con 1,166. A pesar de que en 2008 fue extraditado, informaciones de prensa aseguran que sus hijos y hombres que formaban parte de su banda continúan imponiendo el terror en la zona.
He ahí una muestra del proceso de desmovilización paramilitar que el expresidente Uribe pretende usar como ejemplo de justicia transicional para contraponer a la JEP.