Pedro Díaz Arcia
Pareciera que el tiempo no pasa, más durante una reclusión larga, aunque voluntaria. El 3 de de enero, el General de División iraní Qasem Soleimani, un icono de la nación persa, fue asesinado por orden expresa del presidente Donald Trump. El crimen recibió un rechazo generalizado. El ex vicepresidente Joe Biden dijo que el mandatario arrojó “un cartucho de dinamita en un polvorín y le debía una explicación al pueblo estadounidense…”.
La respuesta de Teherán no se hizo esperar, sólo 5 días después atacó con misiles dos bases militares estadounidenses en Irak donde fue ultimado Soleimani. De inmediato, Trump aseguró que todo estaba bien, cuando todo estaba mal: mintió a su pueblo y al mundo. Mucho después diría que el ataque había provocado110 heridos, pero ningún muerto.
Lo cierto es que se ha acentuado el peligro de un estallido bélico en el Golfo Pérsico. Y ante la actitud beligerante del gobernante, la Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a restringir su facultad para tomar medidas militares en Irán o contra Irán, a menos que el Congreso declare la guerra o dicte una autorización para el uso de las fuerzas armadas. La medida responde a la escalada de amenazas luego del ataque contra el General de División iraní. Aunque es muy difícil que la resolución pase el filtro del Senado, de mayoría republicana. Por su parte, Trump la vetó tachándola de insultante y con fines electorales.
La retirada de Estados Unidos del Acuerdo nuclear con Irán en 2015 elevó el contencioso a otra escala y cambió las reglas de un riesgoso juego. Los ingentes esfuerzos diplomáticos realizados por delegados de Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania, el Alto Representante de la Unión Europea e Irán, que culminó con el Plan de Acción Integral (PAIC), fue aprobado unánimemente ese año por el Consejo de Seguridad.
El convenio derogaba todas las resoluciones anteriores, incluidas las que imponían sanciones al país persa, a cambio de que éste aceptara las exigencias previstas en el Plan.
Todo fue previsto, según las normas establecidas para un pacto de esa naturaleza. Solo que lo construido con paciencia fue volteado de una patada.
Es extensa la lista sobre el retiro de Washington de acuerdos internacionales durante la presidencia de Trump: a los tres días de jurar el cargo desgajó al país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, suscrito por 12 países que representan el 40% de la economía mundial y un tercio del comercio global; lo retiró del Acuerdo de París contra el cambio climático, suscrito por 195 países; del Acuerdo nuclear con Irán; del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; abandonó la UNESCO; y también el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que ayudó a poner fin a la Guerra Fría; por citar algunos de los daños.
¿Por qué no garantizar una “tregua” que permita concentrar las voluntades y fuerzas en una sola dirección: enfrentar de conjunto el reto que representa el nuevo coronavirus y sus secuelas?
No es posible realmente, porque se pondrían en juego intereses que están muy por encima de una percepción y de un sentimiento humanista.
El objetivo de lograr un poderío hegemónico está comprometido con el sistema universal de “sana convivencia” del capital productivo y el financiero: una simbiosis entre el Estado y la elite empresarial, en la que se intercambian regularmente los puestos.
El millonario va de su centro corporativo al Despacho Oval y viceversa. Si alguien amenazara la sustentabilidad del sistema se unirán los contrincantes domésticos de la víspera. Así funciona.