Luego de que el Congreso de Guatemala decidiera endurecer las penas en contra del aborto, así como prohibir el matrimonio igualitario entre personas de ambos sexos, este país fue declarado como “Capital Pro Vida de Iberoamérica”.
“Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural", mencionó el presidente Alejandro Giammattei durante una ceremonia pública religiosa junto al grupo cristiano Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que se reúne en la capital.
Giammattei, frente a decenas de personas en la plaza central de Ciudad de Guatemala, señaló que su país protege la vida desde su concepción por mandato constitucional y porque "lo manda nuestra fe".
"Mientras que en otros países se están tirando bombas, como Rusia atacando a Ucrania, nosotros le decimos aquí: sí a la vida", añadió el mandatario.
Por su parte, el presidente del grupo religioso con sede en México, Aarón Lara, afirmó que Guatemala es el “faro de luz de las naciones”, y agregó que son testigos de una profecía.
“Se necesita ser muy valiente para defender el derecho a la vida y dejar claro que no existe el derecho humano al aborto", apuntó Lara, al indicar que se eligió a Guatemala como capital pro vida por las políticas del gobierno.
El Congreso guatemalteco, controlado por oficialistas conservadores, aprobó el martes por la noche la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", que eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause".
También castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta.
La norma aprobada también reformó el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.
Legisladores opositores advirtieron que la norma, que debe ser promulgada por Giammattei, criminaliza a las mujeres que puedan sufrir un aborto espontáneo y discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI, situación que aumenta el riesgo de crímenes de odio, alertaron.
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JAL