El juez federal Sebastián Casanello dictaminó este lunes, 27 de mayo de 2024, que el Ministerio de Capital Humano debe entregar, en un plazo de 72 horas, un informe detallado de los alimentos retenidos y proceder "de inmediato" a su distribución en los comedores comunitarios.
Este fallo se sustenta en las estadísticas que reflejan que más de la mitad de la población en Argentina vive en condiciones de pobreza.
"Ante la situación crítica de inseguridad alimentaria que afecta a una gran parte de la población, es necesario adoptar de manera urgente una acción positiva", afirmó el magistrado.
Esta decisión surge de una causa judicial iniciada en febrero, tras las protestas de organizaciones sociales que criticaron al gobierno por la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios desde diciembre pasado, cuando el ministerio comenzó una auditoría.
Según la orden judicial divulgada por la prensa local, el juez exigió al gobierno que establezca "un plan de distribución de los alimentos, detallando el tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo destinatario, y que su ejecución sea inmediata".
Esta medida llega en un contexto de inflación anual del 289,4 % y una tasa de pobreza que afecta a casi la mitad de la población.
La Iglesia Católica también solicitó ayer la distribución de estos alimentos.
"Nos hemos enterado de que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social (ahora Ministerio de Capital Humano) que almacenan cinco millones de kilos de alimentos.
En tiempos de emergencia alimentaria, esto debe hacernos reflexionar y deben ser entregados de inmediato", declaró el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, en un video difundido por el Episcopado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes en una conferencia de prensa que el gobierno de Javier Mieli apelará la orden judicial.
"Es una cuestión de política pública", argumentó. Consultado sobre las razones del acopio de alimentos, Adorni explicó que se trata "de reservas preventivas para emergencias o catástrofes" y aseguró que "ningún alimento será desperdiciado".
El gobierno se ha referido a estos comedores como "comedores fantasma".
Según el jefe de gabinete, Nicolás Posse, en una presentación ante el Congreso, los resultados de la auditoría revelaron que "casi el 50 por ciento de los comedores no existían".
De acuerdo con las organizaciones sociales, existen alrededor de 45 mil comedores comunitarios en todo el país, aunque una cantidad no especificada dejó de funcionar tras la interrupción de la provisión estatal, mientras otros continúan operando gracias a donaciones privadas.
El Ministerio de Capital Humano informó hoy que de las 5 mil toneladas de alimentos almacenados, el 60 por ciento -más de 3 mil toneladas- son paquetes de yerba mate provenientes de una contratación irregular de la administración anterior, que actualmente está bajo auditoría.
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