La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves, 4 de julio de 2024, en segunda votación, un controvertido proyecto de ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Esta medida, que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados, ha sido rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La iniciativa fue aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención durante una sesión de la Comisión Permanente, la cual sustituye al pleno del Congreso durante el receso parlamentario. Este proyecto de ley, impulsado por la mayoría derechista del parlamento unicameral, busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o "guerra contra el terrorismo". Ahora, la ley pasará a sanción presidencial, y la presidenta Dina Boluarte tiene hasta 10 días para promulgarla o devolverla al Congreso.
La CorteIDH había solicitado al Estado peruano que tomara las acciones necesarias para evitar la aprobación y vigencia del proyecto de ley No. 6951/2023-CR. La Corte también ordenó que, a más tardar el 9 de agosto, Perú presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su mandato.
Posición del Congreso y Gobierno peruano
El proyecto fue presentado por el partido fujimorista Fuerza Popular y el ultraconservador Renovación Popular, conformado en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas. "El objetivo de la ley es cortar los juicios y liberar a quienes han sido sentenciados", afirmó el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, uno de los promotores de la iniciativa. Rospigliosi añadió que en algunos casos la justicia aplicó ilegalmente el delito de lesa humanidad para justificar sentencias basadas en delitos prescritos, como desapariciones.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, expresó su indignación ante la orden de la CorteIDH. "Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita”, declaró Adrianzén.
El ministro consideró intolerable que una corte supranacional llame a los tres poderes de un estado soberano, como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
La aprobación de esta ley tiene implicaciones significativas para el sistema judicial y los derechos humanos en Perú. De ser promulgada, la ley permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas.
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