Este viernes, la Casa Blanca advirtió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que si no publica las actas de los resultados de las elecciones del 28 de julio, Estados Unidos implementará nuevas sanciones contra su gobierno. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, subrayó que Maduro “tiene decisiones que solo él puede tomar” y la más importante es la publicación de los resultados completos.
Estados Unidos, que ya había cuestionado la legitimidad del proceso electoral, impuso el jueves sanciones a 16 funcionarios venezolanos. Entre ellos se encuentran miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional, quienes son señalados por respaldar lo que el gobierno estadounidense describe como la "proclamación falsa" de la victoria de Maduro.
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Sanciones a funcionarios venezolanos
Entre los sancionados destacan Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE; y Pedro Infante Aparicio, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Además de las sanciones económicas, el Departamento de Estado estadounidense ha prohibido la entrada al país de los funcionarios alineados con Maduro, acusándolos de haber "socavado" el proceso electoral y de estar implicados en actos de represión.
Sin embargo, el número y la identidad de todos los funcionarios afectados por estas restricciones de entrada no fueron revelados. Kirby indicó que si Maduro no toma las acciones necesarias, el gobierno de Estados Unidos tomará nuevas decisiones que afectarán aún más al régimen venezolano.
Respuesta de Venezuela
El Ejecutivo venezolano no tardó en responder. A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. El documento califica las acciones como "medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales" y las condena como un "nuevo crimen de agresión" en contra del país.
El gobierno de Maduro ha insistido en la legitimidad del proceso electoral del 28 de julio y ha acusado a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, la presión internacional, encabezada por Washington, sigue aumentando para que el régimen haga públicas las actas y permita una verificación transparente de los resultados.
Sanciones previas y contexto
Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones contra Venezuela, enfocadas en funcionarios del gobierno de Maduro y sectores estratégicos de la economía, como el petróleo. Estas sanciones buscan presionar al régimen a realizar cambios democráticos y permitir elecciones libres y justas. En este contexto, las recientes elecciones de julio han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional.
La comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU y la Unión Europea, también ha expresado su preocupación sobre la falta de transparencia y las violaciones de derechos humanos que se han documentado en el país. Las sanciones impuestas el jueves son un paso más en la campaña de presión internacional liderada por Estados Unidos para garantizar una transición democrática en Venezuela.
Posible escalada de tensiones
Si Maduro no responde a las demandas de publicación de las actas electorales, es probable que Estados Unidos implemente más sanciones. La relación entre ambos países se ha tensado en los últimos años, y este nuevo episodio podría aumentar aún más las fricciones.
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