La administración de Donald Trump inició esta semana una nueva ofensiva legal contra las políticas santuario en Estados Unidos, con Chicago e Illinois como los primeros objetivos.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) busca impedir que ciudades y estados limiten su cooperación con las autoridades migratorias federales y pretende suspender recursos federales a las jurisdicciones que protejan a los migrantes.
Chicago y su política santuario, en la mira de Trump
Chicago ha sido una de las ciudades con mayor protección a migrantes desde 1985, cuando el entonces alcalde Harold Washington firmó una orden ejecutiva que prohibía la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta política se fortaleció aún más tras la primera administración de Trump (2017-2021).
El DOJ argumenta que estas medidas son inconstitucionales porque interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
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La demanda exige que el alguacil del condado de Cook y las autoridades estatales cesen la aplicación de leyes locales que impidan la detención de inmigrantes indocumentados sin una orden judicial.
Illinois y otras ciudades bajo presión federal
La administración Trump también apunta a otras ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York y Houston, donde las leyes locales limitan la cooperación con ICE. En Illinois, la demanda se centra en la Ley de Confianza (TRUST) de 2017, que restringe el papel de las fuerzas del orden estatales y locales en operativos migratorios, salvo en casos de órdenes penales federales.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, rechazó la medida y aseguró que su estado defenderá las políticas que priorizan la seguridad pública sobre la aplicación de leyes migratorias. "En lugar de apoyar a las fuerzas del orden, la administración Trump está dificultando la protección del público", declaró.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reafirmó el compromiso de la ciudad con los migrantes. "Chicago seguirá siendo una ciudad acogedora y protegeremos a nuestros residentes", sostuvo.
El poder judicial, un nuevo factor en la disputa
A diferencia de la primera administración Trump, cuando intentos similares fueron bloqueados en tribunales, el nuevo contexto judicial podría favorecer al gobierno federal.
Con un Tribunal Supremo alineado con las políticas conservadoras, la Casa Blanca confía en que esta vez los jueces respalden su ofensiva contra las ciudades santuario.
Toni Preckwinkle, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, adelantó que Chicago e Illinois defenderán sus políticas en los tribunales. "Buscaremos todas las oportunidades legales para proteger nuestros programas", afirmó.
Este enfrentamiento legal marca el inicio de una nueva etapa en la política migratoria de Trump, con medidas más agresivas contra jurisdicciones que ofrecen protección a migrantes indocumentados en Estados Unidos.
IO