No fue por dinero

CIUDAD DE MEXICO, 20 de febrero (NTX).- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reveló que el secuestro de Fátima Cecilia “N” y su feminicidio no fueron “por dinero”, pero omitió dar más detalles “por respeto a la víctima” y al debido proceso.

“Por respeto a la víctima, por respeto a Fátima queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un feminicidio, es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil, de ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí es que queremos evitar una situación de morbo de por qué fue, lo que sabemos es que no fue por dinero”, afirmó.

En conferencia, explicó que Gladis Giovana “N” y Mario Alberto “N” continúan en la Fiscalía del municipio de Atizapan, Estado de México, -luego de su detención ayer por la noche en el municipio de Isidro Fabela- porque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aún se encuentra elaborando la carpeta de investigación para que un juez de control le otorgue la orden de aprehensión contra la pareja por “privación ilegal de la libertad con fin de hacer daño”.

En ausencia de la fiscal Ernestina Godoy -quien no asistió a la conferencia “por respeto a la autonomía de la Fiscalía-, el jefe de la policía capitalina argumentó que la Policía de Investigación está ordenando todas las pruebas obtenidas en los cateos realizados para incorporar a la carpeta de investigación y así obtener el mandamiento judicial.

Recordó que, de acuerdo con la ley, la autoridad tiene 48 horas para poder tener retenidas a las personas sin orden de aprehensión, pero confió en que en las próximas horas la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, obtendrá la orden judicial.

Cuando ello ocurra, los detenidos podrán ser presentados al Ministerio Público y llevados al Reclusorio que el juez indique. De cualquier manera, también están detenidos por el presunto delito de cohecho.

García Harfuch rechazó que haya la posibilidad de caer en los errores de otros casos en que, por no hacer una detención legal o realizar el papeleo necesario de manera correcta, los sospechosos han sido liberados por el juez.

Detalló que, al momento de la detención, la pareja ofreció dinero a los policías de Atizapán, -presuntamente 500 pesos- quienes son los primeros respondientes de la captura y quienes firmaron la puesta a disposición.

Respecto a los tres hijos menores de los detenidos, informó que se quedaron bajo custodia de un familiar de estos, -presuntamente, la tía de Mario, quien los delató con la policía.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía de Atención a Víctimas del delito ya se puso en contacto con los familiares para darles el apoyo necesario pues los menores están “en condición de vulnerabilidad”.

La mandataria destacó la “total colaboración” con las autoridades del Estado de México y del gobierno federal, a través de la Guardia Nacional.

Y dijo que su gobierno hace lo necesario para “acabar con la impunidad y erradicar el feminicidio” en la capital del país “siempre del lado de la justicia”. Y reiteró su compromiso de que el “crimen atroz contra Fátima va a ser castigado”.

Función Pública investiga a funcionarios

La Secretaría de la Función Pública (SFP) hará una investigación exhaustiva para sancionar a los servidores públicos federales que, saltándose los protocolos, permitieron que la menor Fátima se encontrara en situación de vulnerabilidad

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien indicó que se llevará a cabo un análisis del desempeño de la autoridad educativa en este caso, a fin de deslindar responsabilidades a la brevedad.

Durante la firma de un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la funcionaria aseguró que la secretaría a su cargo realizará una investigación exhaustiva del caso.

“Esta semana, inició con una noticia que nos dolió y llenó de rabia a todas las y los mexicanos. El caso de una niña de siete años a quien le quitaron la vida después de someterla a la más atroz y cruel violencia. Tenemos que erradicar toda forma de violencia y cualquier viso de discriminación”, agregó.

Al respecto, Daniel García Cortés, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control, explicó en entrevista que la investigación consiste en determinar si se incurrió en alguna responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público que se le puede hacer exigible.

“La investigación que tenemos está radicada en el Órgano Interno de Control en la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, y esperaremos a ver cuáles son las líneas de investigación a que nos conduce”, indicó.

García Cortés refirió que la investigación apenas comienza, pero no es de tipo penal ni civil, sino de responsabilidades administrativas, cuyas sanciones están establecidas en la ley y van desde una amonestación hasta la inhabilitación.