CIUDAD DE MEXICO, 21 de febrero (Sin embargo).- La carencia de una actuación inmediata de las agencias del Ministerio Público (MP) al momento de interponer la denuncia de desaparición es uno de los aspectos que generó mayor indignación y crítica a las autoridades en el caso de la pequeña Fátima, situación que fue reconocida incluso por Claudia Sheibaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al aceptar que hubo una “cadena de negligencias”. Sin embargo, estas prácticas no son nuevas ni aisladas.
Este patrón que revictimiza ha sido la denuncia constante y añeja de las familias de víctimas de desaparición, colectivos, asociaciones de defensa de derechos humanos e incluso de organismos internacionales, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hoy, pese a los llamados de feministas y las recomendaciones y observaciones de organismos defensores de derechos humanos, esa mala praxis persiste en el país y el ejemplo más reciente es el caso de la niña Fátima.
“Son momentos de mucha desesperación que hasta las 72 horas las autoridades empiecen a actuar, cuando deberían investigar todo desde el primer momento”, describió con desesperación y voz cortada Fernando Antón, tío de la niña Fátima, raptada y asesinada en la Ciudad de México.
La pequeña de siete años de edad desapareció el 11 de febrero pasado en la comunidad de Tulyehualco, en la Alcaldía de Xochimilco, y fue hallada sin vida el sábado pasado en calles de la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. El caso levantó gran indignación en México. Frente a lo mediático del caso, los presuntos responsables fueron detenidos el pasado 19 de febrero.
Fernando Antón reiteró que al momento de la desaparición, las autoridades de la Fiscalía desconcentrada de Tláhuac se negaron a abrir inmediatamente una carpeta de investigación por la desaparición de la menor, y los parientes tuvieron que acudir hasta la Alcaldía de Azcapotzalco, una agencia que les queda a 47 kilómetros de distancia y que para esta familia de bajos recursos representa más de tres horas de distancia en el transporte público.
“Fuimos antes, pero nos dijeron que hasta las 72 horas. Luego, hasta eso, nos atendieron un poco antes de las 72 horas, pero muy forzadamente”, expresó el tío. Fernando está convencido que si se hubiera actuado antes, quizá el destino de su sobrinita hubiera sido distinto. “¿Por qué esperar hasta que muriera?”, cuestionó en entrevista con SinEmbargo.
Desde 2018, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus sigla en inglés) ha llamado al Estado mexicano a tomar “medidas urgentes” para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de niñas y mujeres en el país.
En un informe emitido en 20 de julio de ese año, la Convención alertó que persisten “los patrones de violencia de género generalizada contra mujeres y niñas” en todo el territorio nacional, que incluyen violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el feminicidio.
Entre las recomendaciones que emitió el organismo internacional, destaca que es necesario que se simplifique y armonice los procedimientos a nivel estatal para activar la alerta Amber y el protocolo Alba, y acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Además de “adoptar políticas y protocolos específicos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, el feminicidio y la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado”.
Pero los patrones que revictimizan y con los que se pierde tiempo clave para la búsqueda, persisten en oficinas del Ministerio Público. Ante ello, diversas organizaciones –como Idheas Litigio Estratégico– demandaron la sanción inmediata de los funcionarios que fueron negligentes, pues aseguran que “al desestimar la denuncia por desaparición, las autoridades perdieron minutos cruciales que pudieron dar pistas sobre el paradero de Fátima”.
Verónica Berber, defensora y abogada de Idheas, explicó en entrevista con SinEmbargo que la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares –declarada a raíz de un importante esfuerzo de un familiares y colectivos – deja en claro que el tiempo es indispensable para la búsqueda de personas, por lo que establece que todos los funcionarios deben actuar de manera inmediata.
La Ley, detalló, hace referencia a los casos de menores de edad donde desde el minuto uno se tiene que iniciar una carpeta de investigación, no sólo un reporte de hechos y clasificarlas de personas no localizadas, como antes estaban acostumbradas las autoridades “y que lamentablemente siguen muy acostumbradas a lavarse las manos”.