El asesinato de Yuriel Armando González, dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a presidente municipal en la localidad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, durante la noche de este jueves, ha puesto sobre la mesa un problema que nadie ha podido parar en el país: la violencia contra políticos.
En México, ya suman 53 los políticos asesinados durante el periodo electoral de 2020-2021, lo cual, aunque no lo parezca, representa una disminución del 32 por ciento respecto a las elecciones de 2017-2018, que ostentan el funesto récord de ser las más violentas en la historia moderna del país, con 154 muertos en total.
De acuerdo con datos de El País, casi 9 de cada 10 asesinatos (un 87 por ciento) ocurren en los municipios más pobres de México, en los cuales, el poder se ha mantenido entre unas pocas familias que sustentan su poder económico en los recursos federales, por lo que cuando un rival político aparece, es mandado a matar por sicarios al servicio del mejor postor.
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guerrero y Michoacán son algunos de los estados que concentran los ataques contra políticos, mientras que estos son infrecuentes en Baja California Sur, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Nayarit, siendo estas últimas tres entidades donde no se ha registrado ninguna agresión en lo que va del proceso electoral.
Los pocos casos que han sido investigados son relacionados con problemas sentimentales, personales, familiares, e incluso con asaltos fallidos, sin que el crimen organizado o la violencia política sean siquiera considerados como móviles.
Según un análisis de Etellekt, una empresa de consultoría política, una de las razones de esta violencia, fue el cambio de gobierno en el año 2000, que rompió con el pacto que tenía el partido oficial con la delincuencia, por lo que el manejo de esta se volvió una tarea en extremo difícil para los gobiernos locales.
Con información de El País. JMCG