Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, mostró un certificado oficial expedido por Notario Público que avalaría su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes a la compra-venta de un departamento en la Ciudad de México. El mandatario señaló que son falsas las acusaciones en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El viernes, la Cámara de Diputados avaló el juicio de procedencia contra el mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba ser enjuiciado por la justicia federal a raíz del caso que ha armado la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por defraudación fiscal. No obstante, el Congreso local rechazó quitarle el fuero al mandatario.
Cabeza de Vaca se suma así a otros tres gobernadores tamaulipecos que han sido investigados e incluso procesados por la justicia mexicana y estadounidense en las últimas dos décadas. Es el caso de Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, políticos formados en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual el PAN ha trazado una alianza para las elecciones de este año.
La intención de la FGR de desaforar a Cabeza de Vaca se dio a conocer el pasado 23 de febrero. Desde entonces, la medida fue respaldada por Morena, partido en el poder que usó su mayoría en la Cámara de Diputados en el juicio de procedencia contra el Gobernador, quien estuvo ausente en la sesión en la que el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro se erigió en Jurado de Procedencia. En su lugar acudió su abogado Alonso Aguilar Zinser.
Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron con 302 votos el dictamen del juicio de procedencia en una sesión que se alargó por más de seis horas, en las cuales la Fiscalía y la defensa del mandatario expusieron sus alegatos en torno a los señalamientos hechos por el Ministerio Público Federal. Posteriormente, durante los posicionamientos —a favor y en contra— los legisladores del PAN cuestionaron la validez de las acusaciones contra Cabeza de Vaca y señalaron que detrás del juicio de procedencia existe “un uso electoral de la justicia”.
Desde el año pasado trascendió que la Sub procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
García Cabeza de Vaca ha denunciado una persecución política en su contra. Este viernes, la Fiscalía General expuso que Cabeza de Vaca es acusado de defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.
La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz exhibió al inicio del juicio de procedencia “un caudal de bienes y recursos ocultos” del Gobernador: 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas que supuestamente usaron prestanombres, entre estos hermanos y familiares del mandatario.
La FGR presentó ante los diputados federales pruebas testimoniales, montos, bienes inmuebles, operaciones de triangulación de dinero, llamadas y documentos firmados. En total, la Fiscalía señaló que cabeza de Vaca amasó una fortuna superior a los 951 millones de pesos.
A esto se suma lo señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”, sin embargo, el juicio de procedencia aprobado por la Cámara de Diputados solo contempla el delito de defraudación fiscal.
Posteriormente, en una sesión fast-track, el Congreso local avaló una iniciativa que rechazó el desafuero que declaró la Cámara de Diputados en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien momentos antes había denunciado motivos políticos.
Con información de Sin Embargo
GCS