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Informó el cese de Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, quien desde la administración anterior se desempeñaba en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), informó que fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias correspondientes por el caso de la presunta extorsión a una madre salvadoreña para que su hija no fuera deportada a su país de origen.

Informó que gracias a una llamada telefónica realizada el pasado 14 de julio por parte de una madre salvadoreña que vive en Estados Unidos, la PFPNNA tuvo conocimiento de situaciones que probablemente involucraban a diversas personas, entre ellas funcionarios públicos de dicha institución y que pudieran considerarse como hechos que la ley señala como delito.

Añadió que, desde su ingreso bajo el cuidado y atención del Sistema Nacional DIF, se han llevado a cabo diversas acciones para garantizar los derechos de la persona menor de edad migrante no acompañada y brindar certeza jurídica, tanto a ella como a su madre radicada en Estados Unidos, quienes siempre han estado en contacto permanente a través de los medios tecnológicos disponibles, en tanto se resuelve la situación jurídica de la persona menor de edad.

Indicó que a partir de los hechos que comunicó la madre salvadoreña, como primera acción se hizo del conocimiento de las autoridades al interior del Sistema Nacional DIF y posteriormente se determinó cesar a Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, quien desde la administración pasada se desempeñaba en la PFPNNA, ante las evidencias suficientes de su actuar y la pérdida de confianza.

El titular de la PFPNNA, Oliver Castañeda Correa, señaló que la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera inmediata presentó las denuncias correspondientes ante el OIC y la FGR, en contra de todas las personas relacionadas con los hechos, al ser las autoridades a las que constitucional y legalmente corresponde la investigación, determinación de la probable participación y, de ser el caso, la sanción de los hechos señalados.

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