El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que redefine el estatus de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Con esta modificación, ambas entidades dejan de ser consideradas “empresas productivas” y pasan a ser “empresas públicas del Estado”, lo que refuerza su misión social y de servicio público.
La reforma fue aprobada en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y un voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN).
En contra se registraron 39 votos de los partidos PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano. Además, la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, se abstuvo de votar.
Modificación de conceptos: De empresas productivas a empresas públicas
Con esta reforma, el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado previamente a la Constitución por recomendaciones de organismos financieros internacionales, será reemplazado por el de “empresas públicas del Estado”.
De acuerdo con el dictamen, la transformación responde a la necesidad de reforzar el compromiso social de Pemex y la CFE, alejándolas de la mera búsqueda de utilidades. Esta modificación, que elimina la clasificación como “productivas”, busca que ambos entes prioricen el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.
El Senado aprobó el dictamen en lo particular, tras rechazar las reservas planteadas por legisladores del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, que buscaban modificar artículos de la propuesta. Finalmente, la reforma alcanzó la mayoría calificada necesaria y fue enviada a las legislaturas estatales para su ratificación.
Implicaciones para la participación privada
La reforma constitucional aclara que, aunque las leyes definirán la participación de actores privados en el sector eléctrico, en ningún caso sus actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado. Este principio busca garantizar que la CFE mantenga su responsabilidad de proporcionar electricidad accesible y confiable a toda la población.
Además, la reforma establece que las funciones que el Estado desempeñe de manera exclusiva en sectores estratégicos no serán consideradas monopolios. Entre estas funciones se incluyen la provisión de servicios de Internet y la planificación y control del sistema eléctrico nacional, áreas que quedan reservadas para el Estado.
Próximos pasos para la reforma
Para que esta reforma entre en vigor, aún se requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales. De obtener el respaldo necesario, Pemex y la CFE recuperarán su estatus de entidades públicas estatales, con un mandato centrado en el servicio y la responsabilidad social. Esta medida responde a la política del actual gobierno de reforzar el papel del Estado en sectores estratégicos y asegurar que los servicios básicos se mantengan bajo control público.
El debate sobre esta reforma ha generado posturas divididas en el Senado y entre expertos, debido a las implicaciones que tendrá para la industria energética y los inversionistas privados. Sin embargo, el gobierno federal ha sostenido que la medida es esencial para salvaguardar la soberanía energética de México y garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad.
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