Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su sorpresa por la celeridad con la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) programó una audiencia pública para analizar la reforma judicial de México, en respuesta a quejas presentadas por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) y otras organizaciones civiles.
Sheinbaum enfatizó que la reforma judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, no representa ninguna violación a derechos humanos, y afirmó que la decisión de reformar el Poder Judicial responde a la voluntad del pueblo mexicano, respetando su soberanía y libertad constitucional.
“México es un país libre, soberano e independiente, y las reformas constitucionales se deciden de acuerdo con la Constitución y la voluntad del pueblo,” declaró Sheinbaum.
Además, defendió que esta reforma tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia y acercar el sistema judicial a la ciudadanía.
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La mandataria también mostró sorpresa ante la rapidez con la que la CIDH decidió abordar el tema en audiencia, programada para el próximo 12 de noviembre. "La pregunta es cómo en semanas ya está lista la audiencia. Es sorprendente el interés en la reforma del Poder Judicial," cuestionó.
La reforma, impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, propone que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto popular. Estos comicios, marcados como un ejercicio inédito en México, están programados para el primer domingo de junio de 2025.
El anuncio de esta audiencia pública ha generado un debate en torno a la independencia de la CIDH y el papel de los organismos internacionales en los asuntos internos de México. La audiencia podría ser el primer paso en un proceso de litigio internacional para revisar la legalidad de la reforma.
Sheinbaum reafirmó su compromiso con la justicia en México y aseguró que esta reforma fortalecerá la independencia del Poder Judicial, al mismo tiempo que mantuvo que la decisión final pertenece al pueblo mexicano y no vulnera derechos fundamentales.
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