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México

Prisión preventiva oficiosa: Senado recibe propuesta de reforma constitucional

El Senado de la República analiza la reforma constitucional que amplía los casos de prisión preventiva oficiosa para delitos como extorsión y tráfico de fentanilo.
El Senado recibió la minuta para imponer prisión preventiva oficiosa a la extorsión
El Senado recibió la minuta para imponer prisión preventiva oficiosa a la extorsión / Cuartoscuro

El Senado de la República recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar los casos en los que se aplicará prisión preventiva oficiosa (PPO).

Esta medida incluirá nuevos delitos graves como extorsión y diversas actividades relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas, fentanilo y sustancias químicas.

Delitos contemplados en la reforma

La reforma establece que los jueces estarán obligados a imponer prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos:

  • Extorsión: Uno de los delitos que genera mayor preocupación por su impacto en la población y el sector empresarial.
  • Tráfico de precursores químicos y fentanilo: Incluye la introducción, producción, almacenamiento, transportación y distribución de estas sustancias.
  • Delitos contra la salud: Enfocados en actividades relacionadas con la producción y comercialización de drogas sintéticas.
  • Contrabando y emisión de comprobantes fiscales falsos: Ampliando el alcance de la PPO a delitos económicos que afectan la recaudación fiscal.
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Delitos excluidos

La Cámara de Diputados decidió excluir del texto los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, argumentando que no cumplían con los requisitos para ser considerados bajo esta medida constitucional.

Impacto de la reforma

De ser aprobada por el Senado y ratificada por las legislaturas estatales, esta reforma modificaría el marco legal de la prisión preventiva oficiosa, un tema que ha generado controversia por su posible impacto en los derechos humanos.

Organizaciones civiles y expertos en derecho han señalado que la medida podría contravenir principios de presunción de inocencia, mientras que sus defensores argumentan que es una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto y proteger a la sociedad.

El debate en el Senado promete ser intenso, marcando un nuevo capítulo en la política de justicia penal en México.

IO

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