La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de las elecciones judiciales en 2025, señalando que el monto asignado podría reducirse.
La mandataria argumentó que, a diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, los comicios judiciales no incluyen financiamiento para partidos políticos, lo cual, a su juicio, debería permitir un proceso con menos recursos.
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“No hay financiamiento a partidos en esta elección, como sucede en las elecciones presidenciales y legislativas. Creemos que se puede realizar esta elección con un presupuesto menor”, aseguró la presidenta en conferencia.
De acuerdo con el INE, el presupuesto aprobado —equivalente a 13 mil 205 millones de pesos— es necesario para organizar un proceso electoral que renovará todos los cargos en el sistema judicial, en línea con la reciente reforma al Poder Judicial.
El próximo 1 de junio de 2025, los mexicanos elegirán a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a integrantes del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. En total, 850 puestos estarán en juego, incluyendo 386 juzgados y 464 magistraturas, lo que convierte a esta elección en la más extensa y costosa en la historia del país.
La reforma al Poder Judicial, que impulsó el oficialismo y ha recibido críticas de la oposición, también provocó la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y de siete ministros de la Corte la semana pasada. Los críticos de la reforma aseguran que afecta la independencia judicial, mientras que sus defensores, como Sheinbaum, argumentan que permitirá una elección más democrática de los funcionarios judiciales.
El presupuesto asignado a esta elección judicial supera incluso el de las elecciones presidenciales de 2022, para las cuales se destinaron alrededor de nueve mil millones de pesos. Ante esta situación, Sheinbaum reafirmó su postura de que la asignación de recursos podría ajustarse, planteando un reto a las autoridades electorales para administrar los fondos de manera más eficiente.
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