La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado múltiples investigaciones contra jueces y magistrados acusados de abuso de autoridad tras haber emitido suspensiones en contra de la reciente reforma judicial.
De acuerdo con fuentes judiciales anónimas, estas investigaciones comenzaron a raíz de denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y actualmente la FGR ha solicitado a los jueces copia de los expedientes relacionados con las suspensiones emitidas, notificándoles por correo electrónico sobre su situación legal.
Los jueces y magistrados involucrados interpretan estas acciones como un intento de coacción, alegando que buscan presionarles para fallar conforme a las preferencias del sistema gubernamental actual. Fuentes judiciales destacan que este tipo de medidas, vistas en regímenes autoritarios, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, al tiempo que temen que estos casos se agraven con la entrada de nuevos jueces en 2025.
Para proceder legalmente contra un juez, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debe desaforarlo debido al fuero que ostentan los impartidores de justicia. Sin embargo, aunque la FGR puede investigar, no puede consignar un caso penal sin el aval del CJF. Actualmente, las investigaciones disciplinarias también se dirigen al CJF, órgano que analiza si las acciones de los jueces podrían ameritar sanciones administrativas.
En paralelo, los jueces han recurrido a la ONU para solicitar medidas cautelares a través de sus relatorías, con el fin de protegerse de lo que consideran una persecución judicial.
No se procederá contra jueces y ministros detractores de la reforma judicial
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la postura de ciertos ministros de la Corte, señalando que algunos parecen tomar decisiones “políticas, no jurídicas”, que perjudican a la ciudadanía y benefician a intereses privados.
A pesar de esto, descartó impulsar un juicio político en su contra, aunque afirmó que algunos ministros están “provocando” al gobierno para que se tome esta medida.
Por su parte, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, señaló que el gobierno federal tiene la intención de presentar denuncias formales ante el CJF contra jueces que concedieron amparos contra la reforma judicial.
La situación se torna crítica, ya que, según fuentes judiciales, hay al menos 170 suspensiones en trámite, involucrando a unos 20 a 30 jueces. Se espera que en 2025, cuando se incorpore el Tribunal de Disciplina y se efectúen cambios en el CJF, los nuevos funcionarios sean menos receptivos a las demandas judiciales en contra de la reforma.
Los procedimientos de fricción con el Poder Judicial se han seguido de la siguiente manera: tras presentarse las demandas de amparo, algunos jueces emitieron suspensiones provisionales que no fueron respetadas. Cuando los jueces otorgaron suspensiones definitivas, nuevamente las resoluciones fueron ignoradas y se formularon quejas ante la Judicatura y la FGR, iniciándose entonces las denuncias por abuso de autoridad.
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