La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, oficializó este viernes la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros seis organismos autónomos mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto también incluye la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Objetivos de la medida
De acuerdo con la iniciativa, el propósito principal de esta reestructuración es reincorporar las funciones de los órganos autónomos al marco de la administración pública federal.
De acuerdo con el decreto, esto busca hacer más eficiente el servicio público, optimizando recursos y eliminando la duplicidad de funciones entre organismos y dependencias gubernamentales.
La presidenta argumentó que este cambio permitirá una administración más ágil y con un enfoque centralizado, orientado a garantizar que los servicios lleguen directamente a la ciudadanía sin intermediarios burocráticos.
Impacto en los organismos afectados
Con esta decisión, las funciones esenciales de cada organismo desaparecerán como entidades autónomas y pasarán a ser absorbidas por las dependencias correspondientes.
Por ejemplo, las tareas del INAI se integrarán en la Secretaría de la Función Pública, mientras que el IFT y la Cofece serán incorporados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Economía, respectivamente.
Reacciones y controversias
La medida ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la iniciativa como un paso hacia una administración más funcional, críticos aseguran que esta decisión compromete la transparencia, la competencia económica y la autonomía de los órganos reguladores.
El decreto entra en vigor de manera inmediata, marcando un cambio significativo en el funcionamiento de la administración pública en México.
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