El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, la cual extingue a siete organismos autónomos en México.
Esta decisión se basa en el aval de 19 congresos estatales, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 135 de la Constitución.
¿Qué organismos serán eliminados?
Entre los organismos que desaparecerán están:
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública (ahora Secretaría Anticorrupción).
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), que serán absorbidas por la Secretaría de Energía (SENER).
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuyas funciones recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO).
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), integrado en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El proceso legislativo
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que los congresos estatales que aprobaron esta reforma incluyen entidades como Chiapas, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras. Baja California fue la única entidad que no respaldó la propuesta.
Una vez recabadas las firmas correspondientes de la Cámara de Diputados, el decreto será enviado al titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Un paso controvertido
La reforma busca centralizar funciones bajo dependencias del Poder Ejecutivo para reducir costos y mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, ha generado críticas por el impacto que podría tener en la independencia de organismos clave como el INAI y el INEGI.
La discusión ahora se centra en cómo estas modificaciones afectarán la operación de las políticas públicas y la protección de derechos ciudadanos, particularmente en transparencia y regulación económica.
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