Tras días de intensas protestas provocadas por la muerte de un estudiante de Ayotzinapa en un incidente con la Policía Estatal, se ha abierto un canal de diálogo entre los estudiantes y el Gobierno del Estado de Guerrero.
Las manifestaciones de los estudiantes, que incluyeron la quema de tres patrullas, han llevado a un estado de alerta en Chilpancingo, la capital estatal, ante la posibilidad de que las acciones de protesta se intensifiquen.
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Con el objetivo de resguardar la seguridad, las instalaciones gubernamentales en la capital han incrementado su vigilancia y han sido fortificadas para prevenir daños.
La situación de tensión ha motivado la evacuación preventiva de equipo y documentos importantes de las oficinas estatales.
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El acercamiento entre las partes se materializó este domingo cuando una delegación de estudiantes llegó a Chilpancingo para reunirse con altos funcionarios del gobierno estatal, incluyendo a Ludwig Marcial Reynoso Núñez, secretario de Gobierno, y Francisco Rodríguez Cisneros, director de Gobernación.
Aunque los detalles de la reunión no se han hecho públicos, el secretario de Gobierno afirmó que este es el comienzo de un proceso de diálogo.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por su parte, aseguró a través de sus redes sociales que su administración está comprometida con la no persecución de movimientos sociales, enfatizando la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos para la pacificación y el bienestar de Guerrero.
Esta situación ha llevado a una respuesta cautelosa por parte de la población y los negocios locales, con algunos establecimientos optando por cerrar sus puertas temporalmente.
Además, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) ha expresado su apoyo a los estudiantes y su disposición a unirse a las demandas de justicia.
Este conflicto surge en el contexto de la larga historia de lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, marcada por la trágica desaparición de 43 estudiantes en 2014, un evento que sigue resonando en el debate público y en las demandas de justicia y derechos humanos en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido la investigación del reciente incidente, en medio de indagaciones a nivel estatal sobre la implicación de oficiales de policía en la muerte del estudiante, en un claro esfuerzo por abordar los agravios a derechos humanos y procurar justicia.
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