El 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el estado de Coahuila, sufrió una devastadora explosión por acumulación de gas metano, exacerbada por las deplorables condiciones de seguridad.
Este trágico incidente dejó atrapados a 65 de los 73 obreros que trabajaban en ese turno, marcando un sombrío capítulo en la minería mexicana.
Desde el año 2000, la mina tenía reportes recurrentes de fallas en seguridad.
Durante la última inspección el 12 de julio de 2004, se documentaron 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene, y se ordenaron 48 medidas correctivas, muchas de ellas con carácter de extrema urgencia.
No obstante, las autoridades omitieron supervisar la implementación de estas medidas, permitiendo que las condiciones peligrosas persistieran.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 26/2006, concluyó que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) toleraron el funcionamiento de la mina en condiciones que no garantizaban la salud y la vida de los trabajadores.
Esta falta de supervisión y acción preventiva resultó ser fatal.
Rescate Inconcluso y Controversias
Inexplicablemente, las labores de rescate quedaron a cargo de Grupo México, la compañía responsable de las condiciones de trabajo en la mina y propiedad del multimillonario Germán Larrea.
El 4 de abril de 2007, tras rescatar únicamente dos cuerpos, la empresa decidió suspender las labores de rescate, argumentando que continuarlas pondría en riesgo las vidas de los rescatistas.
Esta decisión, inusual y polémica, generó sospechas sobre los motivos reales detrás de la suspensión.
Las familias de los mineros y las organizaciones acompañantes señalaron que la verdadera razón de la suspensión era evitar la exposición de las pésimas condiciones de trabajo en la mina, lo que podría llevar a sanciones penales, económicas e incluso la retirada de concesiones a la empresa.
El Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Persistiendo en su demanda de justicia, las familias de los mineros recurrieron a todas las instancias judiciales en México sin éxito, siendo rechazadas con argumentos como la falta de interés jurídico para reclamar el rescate o el castigo a los responsables.
En febrero de 2010, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante la CIDH, las familias argumentaron que el Estado mexicano era responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales y la falta de debida diligencia en investigar y sancionar los hechos.
El Estado, por su parte, solicitó que el caso se declarara inadmisible, alegando que los peticionarios habían tenido acceso a diversos recursos internos para buscar justicia.
Tras analizar las pruebas, en febrero de 2018 la CIDH falló a favor de las familias, destacando que no se habían determinado las causas de la explosión ni la presunta responsabilidad de servidores públicos, y que no se habían recuperado los cuerpos de los mineros.
Además, enfatizó que, siendo un delito perseguible de oficio, era deber del Estado impulsar el proceso.
Compromisos y Acciones del Gobierno Federal
En mayo de 2018, las familias señalaron que el rescate de los cuerpos era una condición previa necesaria para alcanzar un acuerdo de "solución amistosa" en el litigio internacional.
En 2019, el Gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros.
Ese mismo año, se creó el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, por indicación directa del presidente de la República, y encabezado por la STPS, con la participación de diversas dependencias gubernamentales, las familias y sus representantes.
El objetivo principal del Comité es la recuperación de los restos de los mineros atrapados, además de dar seguimiento a la situación en la región y promover el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos.
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