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La reciente sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado controversia al acusar sin pruebas concluyentes al presidente Andrés Manuel López Obrador de coacción al voto y uso indebido de programas sociales. La decisión ha sido criticada por su falta de sustento argumentativo y por basarse en suposiciones más que en evidencias concretas.
Los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala afirmaron que el presidente utilizó indebidamente los programas sociales para influir en el voto de más de 35 millones de personas. Sin embargo, no presentaron pruebas objetivas que sustenten cómo una simple expresión del mandatario se traduce en coacción.
El magistrado Rubén Lara Patrón, aunque votó a favor del proyecto, admitió que la resolución carece de un estudio exhaustivo y se basa en afirmaciones dogmáticas. Esto resalta la falta de precisión y análisis detallado en las acusaciones.
La sentencia del 11 de julio no especifica qué programas sociales fueron utilizados de forma indebida ni cómo se materializó el condicionamiento a los beneficiarios. Esta falta de claridad y sustento probatorio ha sido señalada como irresponsable por parte de un órgano que debe ser imparcial e independiente.
La propia Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-REP-301-2024, determinó que las expresiones políticas del presidente no constituyen un llamamiento al voto por algún partido político y no ponen en riesgo los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.
En respuesta, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha presentado un recurso de revisión para que la Sala Superior del TEPJF analice nuevamente los hechos y revoque la sentencia. Se hace un llamado a que las resoluciones se basen en pruebas y no en suposiciones personales de los magistrados.
IO
