El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este lunes contra el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por sus declaraciones en las que calificó la reforma al Poder Judicial en México como un riesgo para la democracia y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano subrayó que este tipo de opiniones no son parte de las funciones diplomáticas y descartó que se deba entablar un diálogo sobre el tema.
El mandatario fue enfático al afirmar que los asuntos internos de México deben ser resueltos exclusivamente por los mexicanos. "Diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún Gobierno extranjero a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos, es un principio básico de independencia, de soberanía", declaró.
Rechazo a la intervención extranjera
El presidente cuestionó la idea de que el tratado comercial T-MEC podría justificar la intervención extranjera en asuntos internos como la reforma judicial. "Se andan por las ramas diciendo ‘no, es que como hay un tratado comercial nos podemos meter’, ¡no! Si el tratado no es para que cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, para tener una buena relación económica-comercial, que nos conviene a las dos naciones", afirmó.
López Obrador también se refirió a la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, mencionando a Henry Lane Wilson, exembajador estadounidense en México, como un ejemplo de intromisión indebida. "El peor de los embajadores fue Henry Wilson, fue el que organizó el golpe de estado contra el apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero", expresó, en referencia al papel que jugó Wilson en los acontecimientos que llevaron al derrocamiento de Madero en 1913.
Reforma judicial y soberanía nacional
El contexto de esta confrontación diplomática gira en torno a la propuesta de reforma judicial impulsada por el gobierno de López Obrador, que ha generado controversia tanto dentro como fuera de México. Salazar había sugerido que la reforma podría afectar la estabilidad democrática y económica del país, lo que provocó la respuesta del mandatario mexicano.
López Obrador ha sostenido que la reforma judicial es una cuestión de soberanía nacional y que ningún gobierno extranjero tiene derecho a intervenir en estos asuntos. Esta postura refuerza su mensaje de que México no debe ser tratado como una colonia o un estado asociado, sino como una nación soberana e independiente.
El presidente dejó en claro que cualquier discusión sobre la reforma judicial debe darse dentro de las instituciones mexicanas y sin injerencia externa, reiterando la importancia de la independencia y la soberanía en la toma de decisiones nacionales.
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