La Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca consolidar la seguridad pública bajo control militar.
¿Que implica este cambio? Te explicamos las principales modificaciones que conlleva esta reforma y sus posibles implicaciones para la seguridad del país.
¿Qué cambios trae la reforma a la Guardia Nacional?
Con la nueva reforma, la Guardia Nacional deja de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y se coloca bajo el control directo de la Sedena. Esto significa que la estructura operativa y administrativa de la Guardia estará sujeta a la jerarquía militar, aunque seguirá siendo considerada una fuerza de seguridad pública.
Uno de los cambios más significativos es que la Guardia Nacional adquiere la facultad de investigar delitos. Según el dictamen aprobado, "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia". Esto implica una nueva función para la Guardia, que antes no tenía facultades directas de investigación criminal.
La reforma también modifica diversos artículos de la Constitución Mexicana, entre ellos el artículo 21, que especifica que la Guardia Nacional es una "fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, integrada por personal de origen militar con formación policial", y operará bajo las órdenes de la Sedena.
¿Cómo afecta esto la seguridad pública en México?
La transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena es parte de la estrategia del gobierno para combatir el crimen organizado y la inseguridad, utilizando la estructura militar para coordinar los esfuerzos en materia de seguridad pública.
Sin embargo, la medida ha sido criticada por la oposición y organizaciones civiles, que consideran que esto representa un paso hacia la militarización del país. Argumentan que la seguridad pública debería estar en manos de civiles y que la presencia militar en las calles puede erosionar derechos fundamentales.
A pesar de las críticas, el gobierno federal defiende la reforma como una estrategia necesaria para enfrentar la creciente violencia. El presidente López Obrador ha asegurado que la Guardia Nacional seguirá enfocada en labores de seguridad pública, pero con el respaldo organizativo y disciplinario de las fuerzas armadas.
Con la reforma aprobada, los congresos estatales deberán ratificarla, pero todo indica que el control militar de la Guardia Nacional es un hecho. Las consecuencias de esta decisión se verán reflejadas en los próximos años, cuando se evalúe su impacto en la reducción de la violencia y la mejora de la seguridad en el país.
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