En una sesión que se prolongó por más de ocho horas, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Morena y sus aliados, mientras que la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opuso, señalando que esto consolidará la militarización del país.
La reforma, que modifica varios artículos de la Constitución, otorga a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
También establece que la GN será una fuerza de seguridad pública permanente, dependiente de la Sedena, integrada por personal de origen militar con formación policial.
Durante el debate, senadores de la oposición criticaron duramente la reforma. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, afirmó que se trata de "el último clavo al féretro de la seguridad civil".
Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, señaló que la militarización no ha resuelto la crisis de violencia y que, desde que las fuerzas militares patrullan las calles, los homicidios han aumentado significativamente.
A pesar de los esfuerzos de la oposición por detener la reforma, el bloque oficialista rechazó todas las reservas presentadas. Citlalli Hernández, senadora de Morena, defendió la medida, asegurando que no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y que fortalecerá la seguridad del país.
La reforma será enviada ahora a los congresos estatales para su ratificación. De ser aprobada, la Guardia Nacional quedará oficialmente bajo control militar, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
Este debate marca uno de los momentos más tensos del actual sexenio, con la seguridad pública como uno de los temas más controversiales en la agenda política de México.
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