La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó tajantemente que el país se convierta en un “tercer país seguro” a raíz del nuevo decreto migratorio firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que retoma el Programa de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), también conocido como “Quédate en México”.
De acuerdo con la mandataria, la medida estadounidense no es novedosa, pues se había implementado previamente en 2019 y obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su proceso en territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que su administración continuará priorizando un enfoque humanitario.
Explicó que, si bien México cuenta con una política migratoria propia, no permitirá que quienes arriben a la frontera norte queden a la intemperie, especialmente en condiciones climáticas adversas.
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Para la mandataria, se trata de un deber fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes, independientemente de su origen.
Aun así, Sheinbaum afirmó que su gobierno está preparado para posibles deportaciones masivas provenientes de Estados Unidos, las cuales impactarían principalmente a la comunidad mexicana, que representa alrededor de la mitad de los 11 millones de indocumentados en el país vecino.
No obstante, insistió en que la estrategia ideal sería que las autoridades estadounidenses deporten directamente a los migrantes a sus naciones de origen, en lugar de enviarlos a territorio mexicano.
Además, la presidenta defendió los resultados de su política migratoria, al recordar que, según cifras oficiales, se ha registrado una disminución de aproximadamente 78% en las detenciones diarias de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México desde diciembre de 2023.
La jefa del Ejecutivo federal atribuye esta caída a un enfoque integral y humanitario, que alienta a las personas migrantes a no emprender viajes riesgosos ni peligrosos hacia la frontera.
En ese sentido, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir impulsando acciones que atiendan las causas estructurales de la migración y garanticen el trato digno a quienes, por necesidad, se ven obligados a desplazarse.
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