
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente las acusaciones de activistas y opositores sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de entrenamiento y exterminio.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó que, históricamente, estos crímenes han sido perpetrados por el Estado, situación que, según ella, ya no ocurre en México.
Reconoció la presencia de delincuencia organizada y aseguró que su administración está trabajando para pacificar el país y reducir los delitos.
El rancho Izaguirre ha sido señalado por colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos como un "campo de exterminio" del narcotráfico.

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El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en el lugar cientos de prendas de vestir, restos óseos y crematorios clandestinos, lo que sugiere la comisión de atrocidades en el sitio.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del caso tras semanas de tensiones con la Fiscalía de Jalisco.
En respuesta a la crisis de desapariciones en el país, Sheinbaum firmó iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Estas reformas proponen la creación de una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.
La presidenta subrayó la importancia de la participación de las familias buscadoras en la discusión de estas reformas y reafirmó el compromiso de su gobierno con la transparencia y la verdad en casos como el de Teuchitlán.
El hallazgo en Teuchitlán ha generado indignación nacional e internacional, evidenciando la magnitud de la crisis de desapariciones en México, donde más de 120 mil personas permanecen no localizadas.
Organizaciones civiles y ciudadanos han realizado vigilias y protestas en al menos 24 plazas públicas, exigiendo justicia y acciones concretas por parte del gobierno.
La presidenta reiteró que su gobierno no construirá "verdades históricas" y que se esclarecerán los hechos mediante evidencia científica, asegurando que no se ocultará información relacionada con el caso de Teuchitlán.
IO