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Diócesis de San Cristóbal exige justicia tras asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez

La Diócesis de San Cristóbal exige justicia tras el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos indígenas en Chiapas
La Diócesis de San Cristóbal exige justicia tras el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez / Cuartoscuro

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, exigió justicia y paz tras el asesinato del sacerdote y defensor de los derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, conocido como el padre Marcelo. El obispo Rodrigo Aguilar Martínez hizo un llamado al gobierno para que garantice la paz en la región, basada en la verdad y la justicia, en torno al crimen del párroco de la iglesia de Guadalupe.

El obispo expresó que, aunque la diócesis está dispuesta a perdonar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato, también es necesario que se haga justicia. Durante su homilía, Aguilar subrayó que las denuncias del padre Marcelo sobre su seguridad y la de la población no fueron escuchadas, a pesar de los constantes llamados que realizó.

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El cuerpo del padre Marcelo fue entregado a su familia, y cientos de personas lo recibieron con banderas blancas, exigiendo justicia. Lo acompañaron en una marcha de dos kilómetros hasta la iglesia de Guadalupe, donde fue despedido entre muestras de solidaridad de la comunidad. Posteriormente, el sacerdote fue trasladado a San Andrés Larráinzar para ser sepultado en la tierra de sus ancestros.

El padre Marcelo, indígena tzotzil y reconocido defensor de los pueblos originarios, fue asesinado a balazos en su vehículo después de oficiar misa en el Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas.

Desde 2015, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas constantes por su labor en defensa de los derechos humanos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato y exigió una investigación rápida y exhaustiva.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían advertido sobre el creciente riesgo que enfrentaba el padre Marcelo debido a su lucha en favor de los derechos de las comunidades indígenas y su papel como mediador en conflictos locales.

Desde 2017, la ONU-DH ha registrado al menos 134 asesinatos de defensores de derechos humanos en México, siete de los cuales ocurrieron en 2024.

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