En Querétaro, la Fiscalía General del Estado ha solicitado una sentencia de tres años de prisión y una multa superior a 500 mil pesos para una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo, a pesar de que el embarazo fue producto de una violación. Este caso ha generado indignación y ha movilizado a organizaciones de derechos humanos, que exigen que las autoridades garanticen un trato ético y justo hacia la menor.
La solicitud de la Fiscalía fue presentada en una audiencia intermedia, en la que propuso que la menor cumpla la sentencia en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes y que el pago de 518 mil pesos se destine al padre biológico del producto. La presidenta de la asociación Adax Digitales, Mayra Dávila, confirmó estos detalles, subrayando que la menor fue víctima de violación y que desconocía su embarazo hasta el aborto espontáneo.
Dávila explicó que el proceso médico se inició tras una hemorragia severa que llevó a la menor a un hospital, donde las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron una investigación bajo la carpeta CI/QRO/20351/2023. La asociación Adax Digitales, que proporciona apoyo legal y psicológico a la menor, considera que este proceso judicial es inapropiado y demanda que el caso sea tratado con perspectiva de género y sensibilidad.
Exigen enfoque de género en el proceso judicial
Mayra Dávila, representante de Adax Digitales, ha solicitado a las autoridades judiciales que se excluyan pruebas que considera revictimizantes y sin relación directa con los hechos. Sin embargo, esta petición fue rechazada, y la Fiscalía ha utilizado todos los elementos de prueba disponibles en su contra. Dávila expresó su desacuerdo con la judicialización del caso y reiteró la necesidad de un enfoque de género, ya que la menor se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad.
Además de enfrentar la posibilidad de prisión, la menor está bajo arraigo domiciliario como medida cautelar en espera de que el tribunal fije la fecha para el juicio, la cual se definirá en los próximos cinco días hábiles.
La Fiscalía argumenta que el aborto ocurrió en una fase avanzada
El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, explicó que la decisión de proceder judicialmente se tomó porque, de acuerdo con la investigación, el embarazo tenía una duración superior a las 36 semanas al momento del aborto espontáneo. Este criterio ha sido cuestionado por asociaciones civiles, que argumentan que dicha judicialización viola derechos y normativas recientes.
Adax Digitales también denunció que existen al menos siete carpetas de investigación abiertas en Querétaro por aborto, lo cual contraviene una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe criminalizar estos casos.
Claudia Sheinbaum critica judicialización del caso
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el proceso de la Fiscalía de Querétaro contra la menor. Durante su conferencia matutina del lunes 28 de octubre, Sheinbaum reiteró que el gobierno federal se opone a la criminalización de menores en situaciones como esta. La presidenta informó que Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, ha establecido contacto con la familia de la menor para ofrecerle apoyo.
Sheinbaum enfatizó que la postura del gobierno federal es firme: “No se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”. El gobierno federal se comprometió a informar a la sociedad sobre los avances en el caso y las acciones emprendidas para defender los derechos de la menor.
IO