La asamblea de febrero del 2020 en donde se aprueba el derecho de ocupación previa del ejido División del Norte fue un “montaje”, denunció el presidente de la Comisión de Vigilancia, Delfino Gallegos Martínez a pesar a que se utilizó una lista con su firma para otro procedimiento ejidal las instancias federales como la Procuraduría Agraria le responden que por ser su firma no le aceptan su denuncia.
Acusó que pese al anuncio en la reciente asamblea en donde personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Procuraduría Agraria manifestaron que se repondrá el procedimiento, las imputaciones de presuntas irregularidades que lo acusaban los ejidatarios siguen vigentes.
Explicó que en dicha asamblea sólo había nueve ejidatarios y él aparece como presidente de la mesa de debates, además de que se equivocaron con los nombres, ya que ponen al suplente del segundo secretario, Miguel Reyes Rivera, en lugar de Miguel Luna Ávila quién es el propietario en la Comisión de Vigilancia.
Reveló que se dio cuenta de este procedimiento irregular cuando el abogado del ejido solicitó la documentación ante el Tribunal Agrario y ahí es donde consta el acta de asamblea que nunca existió.
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Presumió confabulación tanto de Fonatur como de la Procuraduría Agraria, ya que a partir de la denuncia de la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio es que se destapó los actos de corrupción en que incurrió el despacho jurídico Barrientos y Asociados lo que motivó el cese de la empresa en el pago del derecho de vía.
Manifestó que la visita del secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez ante las denuncias de los actos de fraude permitió que se les ofrezca el pago a División del Norte de 2 millones 459 mil pesos; sin embargo, lamentó que los ejidatarios no vean a futuro, ya que la división de este monto entre los 832 campesinos es un monto de 2 mil 955.52 pesos se gastan en unas semanas.
Planteó que deberían pensar a futuro y negociar un centro de salud, la pavimentación de calles o alguna obra pública que sea de beneficio para la colectividad.
Dijo que se expuso la irregularidad tanto al enlace social de Fonatur, Guadalupe Candelario Trejo como el enlace territorial del tramo 1 del Tren Maya, Antonio López Cen.
Señaló que incluso puede ser una violación a sus derechos humanos, ya que no se atiende una queja que expone de una presunta ilegalidad sin que se le dé trámite o se atienda la arbitrariedad que se cometió.
Por ello, reiteró se presume que hubo una relación entre Barrientos y Asociados y Fonatur en la forma en que pretendieron despojar de los recursos a los ejidos, ya que pese a las denuncias van exponiendo no hay interés de recabarlas y proceder ante la ilegalidad.
Insistió que la fuerza de la denuncia que hizo la Unión de Ejidos permitió exponer la forma en que se les despojaba del dinero; sin embargo, parece que están confabulados porque no atienden las denuncias que se van recopilando de actos ilegales cometidos durante el proceso de la indemnización que hizo Barrientos y Asociados.
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JG