Publica el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un nuevo decreto para la expropiación de una superficie total de 549 mil 055.07 m², correspondientes a 23 inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, a favor de la Federación para la ejecución del Tramo 6 del Proyecto Tren Maya.
De estos 23 predios, 9 pertenecen al municipio de Tulum, siendo el más afectado en esta ocasión; 5 al municipio de Felipe Carrillo Puerto; 5 al de Othón P. Blanco, y 4 al municipio de Bacalar.
La expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos, de acuerdo a dicho decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Para ello, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
Fue el pasado 1 de febrero de 2023, que la SEDATU emitió una resolución en la que confirma la causa de utilidad pública establecida en la "Declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 2 millones 299 mil 274.452 m², correspondientes a 139 inmuebles de propiedad privada en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya", de tal manera que con respecto a estos 23 bienes inmuebles de propiedad privada, era necesario que el Ejecutivo Federal decretará su expropiación.
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NR