Por Santiago Aguirre*
La identificación de una pieza ósea perteneciente a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en un sitio diferente al que la PGR identificó como paradero de los estudiantes, abre una puerta hacia la verdad en el caso Ayotzinapa. La trascendencia del hallazgo es inmensa. La versión oficial postuló que todos los estudiantes habían sido reducidos a cenizas en el Basurero de Cocula; sólo se acotó esta posición cuando el GIEI evidenció que la prueba científica no la sustentaba. El hallazgo de un resto óseo en un lugar diverso termina por confirmar que la PGR forzó la evidencia para situar a todos los normalistas en un solo paradero final y así ofrecer una versión que cerrara políticamente el caso.
Un recuento de lo que se ha hecho público ayuda a entenderlo. A partir de información brindada por fuentes que atendieron el llamado a colaborar con la indagatoria, la Fiscalía obtuvo un dato: había que buscar restos en la “Barranca la Carnicería”. Como se había hecho antes con cada uno de los datos similares recibidos, el personal de la Fiscalía y de la Comisión Presidencial, en compañía de los representantes de las familias, se trasladó a la zona. El terreno fue desbrozado y, tras la limpieza, empezó la búsqueda. Se encontraron múltiples indicios que, posteriormente, fueron trasladados a la Ciudad de México, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense ayudó a seleccionar las piezas de las que podría extraerse ADN. Así fueron elegidas tres pequeñas piezas que, sumadas a otras tres provenientes de una búsqueda diversa, se enviaron al laboratorio de la Universidad de Innsbruck. De ese conjunto, se encontró coincidencia genética en una sola pieza, de apenas 2 gramos, respecto de una de las familias de los normalistas: la de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. La identificación, finalmente, se notificó a su familia de un modo digno, antes de que se hiciera pública.
El punto del hallazgo no proviene, por tanto, de la investigación anterior. La PGR tuvo noticia desde finales del 2014 de que debía buscar en la zona, pero no lo hizo por seguir enfocada en la versión oficial. Se ha querido minimizar el hallazgo aludiendo a que no se encuentra suficientemente lejos del lugar, que para la PGR era el paradero último de los jóvenes. Son sólo 800 metros, se dice. Pero, en realidad, esta distancia importa mucho. Demuestra de un modo fehaciente que la PGR mintió cuando sostuvo ante los familiares de los normalistas y la sociedad que el destino de los 43 jóvenes estaba en el Basurero de Cocula. Si 800 metros no parecen ser bastantes para entender esto, no queda más que preguntar: ¿cuántos metros serían suficientes para que se deje de defender una versión de los hechos que, hoy sabemos, se obtuvo violando los derechos humanos y manipulando la evidencia científica?
Lo que sigue debe acometerse con investigación objetiva y seria. Las familias fueron claras ante el presidente al decir: queremos saber lo que pasó aunque duela, pero no queremos otra “verdad histórica” para cerrar el caso. Los pactos de impunidad y silencio que rodean al caso Ayotzinapa empiezan a resquebrajarse, pero aún no se han roto. Los próximos meses serán clave para saber si, con nuevas acusaciones y nuevas búsquedas, es posible llegar a la verdad en este caso, herida abierta en la memoria presente de México.
*Director Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.