Por Layda Negrete
La política del gobierno federal en el área de educación básica tiene que replantearse para ofrecer clases presenciales cuanto antes.
A pesar del bombo y platillo con el que se inauguraron las clases por televisión en el país, esta política pública le queda corta a los niños e impone un costo injusto a madres con hijos menores de edad. Sin consultarnos, nos siguen haciendo responsables de la educación. La enseñanza a distancia, ya sea pública o privada, no hace excepción al respecto.
La educación a distancia para menores de edad ha hecho imposible o casi imposible que las madres puedan mantener su trabajo remunerado sin costos. En el mejor de los casos, que son la minoría, las madres enfrentan una triple jornada de trabajo. En la mayoría de los casos, las mujeres han tenido que optar entre priorizar las necesidades de los hijos o mantener su trabajo. ¿Cómo podemos esperar que una maestra en una primaria privada presente entre 4 y 8 horas de clases en línea todos los días y, al mismo tiempo, tenga que supervisar las clases de sus hijos de 5 y 8 años?
Para ninguna categoría de mujeres existe una oferta de política pública que ayude a mitigar los nuevos costos.
La pandemia ha trastocado los frágiles sistemas de apoyo a madres y ha vuelto a evidenciar la falta de equidad en obligaciones parentales. Veamos tan sólo un ejemplo de la ausencia de perspectiva de género en la política pública. Claudia es policía en una entidad federativa. Su trabajo es “esencial”. Sin embargo, el turno regular de Claudia es de 12 horas de trabajo por otras tantas de descanso y, desde iniciada la contingencia, suele hacer turnos de 24 y hasta de 36 horas. Para Claudia, la enseñanza a distancia que ofrece el gobierno federal, lejos de ayudarle, ha arruinado su frágil esquema de vida. Claudia invierte sus horas no remuneradas en buscar quién cuide a sus hijos mientras ella está cuidando de todos. Su pareja, por supuesto, ofrece apenas unas horas de supervisión que delega en su propia madre.
Otros gobiernos no han cometido el error que estamos cometiendo en México. En Estados Unidos, en los momentos más críticos que sufrió la ciudad de Nueva York, las escuelas se transformaron y recibieron a los hijos de trabajadores esenciales, flexibilizando sus horarios y registrando muy pocos contagios por Coronavirus. En el Reino Unido, desde las guarderías hasta las secundarias han permanecido abiertas para los hijos de trabajadores esenciales y los niños en situaciones vulnerables. Hace unos días Chris Whitty, su principal consejero médico, pugnó por el regreso de todos los niños a clases, ya que considera la pérdida de la educación presencial como algo peor para ellos que el virus.
En México, las escuelas siguen cerradas porque no hay un sindicato de madres trabajadoras ni una asociación de líderes de hogares monoparentales. Como era de esperarse, nuestra política pública responde a intereses económicos tradicionales. Por eso abrimos los cines, pero no las primarias. Comemos en restaurantes pero no funcionan las secundarias. Hay cola en los almacenes mientras muchas guarderías siguen cerradas. En unas semanas comenzarán su funcionamiento teatros y bares, mientras nuestros planteles de educación básica seguirán cerrados. ¿Somos totalmente idiotas?
Si se mantiene esta tendencia, la mayoría de los platos rotos de la pandemia terminarán por ser pagados por todas las madres con hijos pequeños. Los gobernantes y políticos mexicanos pueden decidir mantener sus políticas regresivas o considerar agregar un gramo de perspectiva de género en favor de las madres y los niños de este país.