El primer domingo de junio se van a renovar miles de cargos públicos electos, tanto a nivel federal (500 diputaciones federales), como en las entidades federativas. Están en juego gubernaturas, congresos locales, presidencias municipales, cabildos y las alcaldías en la Ciudad de México.
Es el primer proceso electoral importante desde la pasada elección de 2018, cuando el partido Morena logró obtener la Presidencia, de modo que será también (al menos en parte) una evaluación muy clara de lo que los ciudadanos piensan sobre el desempeño del gobierno federal y el rumbo que le está dando al país.
Pero la evaluación de los gobiernos de Morena no se va a dar en el vacío, sino que requiere de los partidos de oposición claridad respecto a la alternativa que pueden suponer. Para ello, un primer factor que servirá para inclinar las preferencias ciudadanas, es la designación de candidatos que en efecto permitan suponer que lo harán mejor que los que actualmente ocupan esos cargos públicos.
Muchos de nosotros pensamos que el tema de que se trate de personas honestas, como lo postuló el entonces candidato AMLO durante la campaña de 2018, es importante. Pero no puede ser el único criterio para seleccionar a los candidatos.
Por tanto, junto a la honestidad necesitamos también personas que sean capaces y que tengan propuestas para atender las apremiantes necesidades del país. Y vaya que tenemos áreas cruciales con altísimas necesidades de mejora. Por ejemplo, se requiere en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que lleguen personas preparadas para dar la batalla por el modelo de desarrollo del sector energético nacional, que está en una situación de penuria histórica, que puede poner en peligro el futuro del país.
Se necesitan también especialistas en temas de seguridad pública. También me parece importante que las candidaturas incluyan personas que tengan conocimientos suficientes sobre el medio ambiente. El desastre ambiental que existe en el país nos sitúa en la inminencia de una crisis de la que será imposible salir adelante.
Finalmente, también se requiere que lleguen a muchos de esos cargos públicos, buenos abogados. La redacción de las leyes no debe dejarse en manos de personas que seguramente son muy buenos cantantes, actores o personajes populares, pero que no tienen idea del tipo de trabajo que se hace en un parlamento moderno.
Esperemos que, con la responsabilidad histórica que les corresponde, los partidos nos permitan acudir a las urnas para elegir a los mejores, no a sus cómplices o a los que carecen de ideas y propuestas para sacar adelante al país.
Por: Miguel Carbonell
SY