Al cierre del periodo de registro, poco más de 32 mil personas residentes en el extranjero solicitaron votar en las elecciones 2021. Son oriundos de alguna de las once entidades federativas que reconocen ese derecho a su diáspora y celebran comicios este año. La lista nominal se reducirá todavía más si —como en el pasado— se rechaza la inscripción de millares de solicitantes.
El dato debe prender alarmas. Dos de cada tres personas originarias de esos estados que en 2018 se registraron para votar, esta vez decidieron no hacerlo. El padrón foráneo de esas entidades federativas podría llegar a niveles del 2012, no obstante que en aquel año era imposible obtener una credencial para votar en el extranjero.
Por supuesto parte del descenso podría encontrar justificación en la pandemia, pero hay que ser cautelosos. En las elecciones recientes de Ecuador y Bolivia la caída en las tasas de participación extraterritorial fue marginal. El caso mexicano es atípico y se debe poder explicar por otras causas.
Desde el plano institucional, resulta cuestionable que las atribuciones de voto foráneo estén concentradas en el INE, cuando en año de elecciones intermedias los migrantes no pueden votar por cargos federales. Quizás los institutos locales están mejor posicionados para llamar al sufragio foráneo, tratándose de la elección de gobernadores y diputados estatales.
Por el lado económico, habría que recordar los recortes presupuestales que se impusieron a las autoridades electorales. Se empiezan a vivir las consecuencias de haber trasladado esos déficits a la promoción del voto migrante. Muchos mexicanos en el exterior ni siquiera se enteraron.
En tercer término, resultaría útil valorar la relación política que partidos políticos e institutos electorales han logrado cultivar con organizaciones de migrantes y liderazgos en el extranjero. Me atrevo a pensar que la relación sigue siendo débil e intermitente.
El escenario es doblemente paradójico. La participación foránea cayó, justo en el año en que se contaba con el mayor número de credenciales tramitadas desde el extranjero y en el que se pondrá en marcha un sistema de voto por internet robusto, diseñado para captar un volumen importante de sufragios. Facilitar la emisión del voto no incrementó las cifras, el problema está en otra parte.
En ese contexto, resulta esperanzador que el Tribunal Electoral haya decidido necesaria una acción afirmativa en favor de la representación migrante. La experiencia internacional muestra que la participación electoral se dinamiza, ahí cuando la diáspora percibe candidaturas propias, capaces de dar voz a sus demandas específicas.
Es difícil que los efectos de esa decisión se alcancen en 2021. Más allá de que la acción afirmativa se adoptó al cierre del periodo de registro, subsisten huecos en los lineamientos que permitirán que se inscriban candidaturas que recién emigraron, o bien que ni siquiera lo han hecho, pero demuestran “haber defendido los derechos de los migrantes”. Los residentes en el exterior podrán votar por los cargos locales, pero siguen impedidos para participar en la elección de las diputaciones federales, aún cuando éstas digan representarles.
Dos oportunidades emergen. Por un lado, la de evaluar desde el centro de la autoridad electoral la efectividad de las acciones que se han adoptado en la promoción del voto a lo largo de 15 años. Será necesario un estudio multidisciplinario que revise críticamente las lecciones aprendidas y proponga instrumentos de mejora.
Por el otro, la de impactar en la legislación federal las acciones afirmativas recientemente instrumentadas. Es indispensable garantizar que quienes representen a los migrantes en el Congreso sean directamente votados por las y los ciudadanos residentes en el exterior.