Otra vez, como en 2018, como en 2015, como en 2012, y como tantas veces en las últimas dos décadas, el crimen organizado ya está votando, ya está sufragando… a punta de balazos.
La baraja del narco es muy sencilla, solo tiene tres cartas:
“Tú no puedes ser candidato aquí, en esta plaza”.
“Tú vas a ser mi candidato en esta plaza”.
“Tú haces lo que yo digo en mi plaza. ¿No aceptas? Va…”
Ese “va” es una sentencia implacable. Inmisericorde. Es, en realidad, un “vas”. Es la orden al sicario. Es el sicario levantando, secuestrando, golpeando, torturando un cuerpo. Nada de quemarlo y disolverlo, nada de huesos, cenizas y fosas clandestinas. Nada. La política narca es exhibicionismo. Que todos vean al aspirante, al precandidato, al candidato martirizado, para que quede claro quién manda aquí.
Así, impunemente, una y otra vez. Veamos los datos…
En el proceso electoral pasado, que inició en septiembre de 2017 y concluyó el 1 de julio del 2018, 152 políticos y 371 funcionarios fueron asesinados, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de la empresa de análisis de riesgos Etellekt. Sí, 523 acribillados, entre políticos y funcionarios.
De los 152 políticos que mataron, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, aspirantes de todos los partidos, según Etellekt, pero realidad fueron más los ejecutados: un conteo periodístico, en el que participé como editor, documentó 53 aspirantes ultimados: 28 precandidatos y 25 candidatos.
Y retomo lo que publiqué en aquel entonces: si el crimen ejecutó a 53 aspirantes, precandidatos y candidatos, ¿a cuántos palomeó? ¿Nada más a 53 que ganaron los comicios, a sus candidatos impuestos, o a muchos más que hasta ahora gobiernan y legislan con su venia? ¿Algo que haya investigado alguna autoridad de Enrique Peña Nieto, o de Andrés Manuel López Obrador? No, que yo sepa.
Y este año, ¿cómo vamos en el proceso electoral que inició en septiembre pasado? Veamos los datos de la consultora Integralia, que lleva un conteo similar…
-Entre septiembre y febrero hubo 90 incidentes de violencia política contra 108 víctimas. De ese total, 75 fueron asesinatos y el resto provocaron personas heridas.
-De los 75 asesinatos, 11 fueron contra aspirantes a cargos de elección popular, 2 excandidatos, 3 presidentes municipales, 3 expresidentes municipales, 3 líderes partidistas, 2 legisladores locales. Las demás agresiones fueron contra funcionarios municipales (18), funcionarios federales y estatales (7), activistas (6), y otros.
Ahora le pongo aquí la estadística más reciente, que contabiliza los casos hasta este jueves, dato que le solicité a Carlos Rubio, encargado de Análisis de Riesgo Político de Integralia: en este proceso van 17 aspirantes a cargos de elección popular asesinados. Siete de Morena, cuatro del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PRD, uno de Redes Sociales Progresistas, y uno de Fuerza por México. Cuatro eran mujeres.
A falta de seis días para cerrar marzo, son al menos dos ejecuciones por mes de aspirantes, de precandidatos y candidatos (2.4, en promedio), y apenas están arrancando las campañas.
Son 17 votos a balazos del crimen organizado. ¿Tienen algo qué decir las fiscalías de los estados? ¿Alguna pesquisa? ¿Algún responsable? ¿La FGR? ¿Tienen algo que hacer las secretarías de Seguridad federal y estatales? ¿Los servicios de inteligencia del Estado? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿Alguien?
Nada. Nadie. Y lo peor está por venir, porque el crimen organizado va a seguir votando con plomo: ya le gustó gobernar, controlar alcaldes, policías, presupuestos y obras municipales, y legisladores. Todo. Al fin que nadie hace nada por impedirlo.
¿O sí?
Por: Juan Pablo Becerra-Acosta