Muchas críticas hemos hecho a las flaquezas de la transición democrática. La cortedad de los partidos políticos para entender los problemas de México, la falta grave de los gobiernos que hicieron a un lado la pobreza y la desigualdad, relegándolas de la política económica central del Estado, el alejamiento de la clase política de la ciudadanía y su incapacidad para establecer acuerdos multipartidarios en temas fundamentales. Pero hubo aciertos gracias a los cuales el país logró una renovación política que hoy está amenazada y que el Presidente y su partido quieren destruir. Los órganos constitucionales autónomos, la independencia de los jueces, la obediencia de la ley, la libertad de prensa, el pluralismo político y la integridad del voto están entre ellos.
El IFE —después INE—, la institución creada de común acuerdo entre los partidos políticos y los gobiernos de la transición para garantizar elecciones libres y justas es ferozmente atacada por el Poder Ejecutivo y su mayoría en el Congreso. La inclinación de los partidos políticos a golpear al árbitro electoral venía siendo tendencia desde muy poco después de su nacimiento. La desconfianza y animadversión entre ellos da cuenta de una pronunciada inmadurez, algo así como la “perversión polimorfa” de la infancia, nada más que, a diferencia de los niños, en los partidos parece ser crónica. Esta perversión expone un problema mayor, la sobrevivencia en ellos de las prácticas del presidencialismo autoritario. Acarreo, compra de voto y coacción de electores, condicionamiento de programas sociales a lealtades partidarias y personales y cosas peores. Y no se diga corrupción. Atacar todo esto para erradicarlo está muy bien, hace mucho tiempo que lo viene haciendo la prensa y los medios, intelectuales, organizaciones y la protesta civil.
Entonces ¿por qué emprender una cacería del INE al grado de proponer su desaparición y hasta juicio político al consejero presidente? ¿Son algo más que exabruptos del Presidente y Morena? Al parecer sí, porque están encaminados a deshacerse de lo que le impide la concentración absoluta del poder en la que están empeñados. Armados de la mayoría parlamentaria artificial que ya todo el país conoce, Morena y el Ejecutivo reaccionan contra las leyes que la autoridad electoral les obliga a cumplir. Una guía para acreditar triunfos de diputados sin violentar la
Constitución con triquiñuelas de coaliciones inventadas y cancelación de dos candidaturas a gobernador por no dar cuenta de gastos de campaña son los motivos que disparan la descomunal reacción. A la acusación al INE de supuesta complicidad con fraudes electorales—nunca acreditada más que en su soliloquio ante el espejo—, Morena y el Presidente agregan un artero ataque en pleno proceso electoral en el que temen perder el poder. No aceptan la norma constitucional que deben respetar: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. (Artículo 54, fracción V, de la Constitución). A raíz de la descarada maniobra ilegal de Morena para hacerse artificialmente de la mayoría en 2018, el INE estableció un mecanismo de asignación de curules a los partidos con el objetivo de hacer cumplir ese texto.
“Al diablo con sus instituciones” ha sido el lema de batalla del Presidente para regresarnos a las cavernas autoritarias de las que salimos precisamente gracias a esas instituciones. La caza del INE es una amenaza directa del bloque gobernante a la integridad del voto de los ciudadanos que tiene por objetivo reestablecer el autoritarismo en México.
Twitter: @pacovaldesu
Por: Francisco Valdés Ugalde