A mediados de mayo de 2003 se conoció por primera vez que el padrón electoral había sido vendido por un particular a la empresa estadounidense Choice Point en 200 mil dólares (El País, 20 de mayo de 2003) y luego de una investigación del desaparecido IFE se encontró a quien presuntamente había hecho la transacción ilegal y se denunció ante la autoridad competente y el tema se diluyo mediáticamente hasta desaparecer de los medios de comunicación.
Pero el tema reapareció en 2006, cuando, nuevamente, fue detectado que había sido vendido actualizado (El Sol de México, 23 de abril de 2016) y no paró ahí, en 2010, volvió aparecer con otra venta en el barrio de Tepito (El Sol de México, 23 de abril de 2016).
Peor, todavía, en la cuarta semana de junio de 2012, se detectó que el padrón estaba siendo vendido en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México por sólo 15 mil pesos (Excélsior, 24 de 2021). El Sol, publica, que efectivamente se vendió, pero en 15 mil dólares, lo que resulta más creíble.
En 2013, nuevamente, se ofreció en venta en la plataforma buscar.com con un corte al 31 de octubre del 2013 y donde gracias a la huella digital, se pudo comprobar que la información se sustrajo de la copia entregada por el IFE al Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) que fue sancionado, pero sus dirigentes recurrieron la multa ante la autoridad jurisdiccional sin que hasta la fecha se sepa en que quedó la sanción por este delito electoral.
Más adelante, en 2016, aparece el padrón en venta en la plataforma digital Amazon y es escasa la información sobre esta oferta de información digital. Y en octubre de 2018, el INE, denunció nuevamente una venta ilegal, y las autoridades salieron al paso, declarando con cierta desesperación tratando de evitar que escalara el tema: “El Instituto Nacional Electoral actuará con firmeza para sancionar a quien resulte responsable y ha tomado todas las medidas necesarias para proteger los datos personales de millones de mexicanos”. ¿Cómo se podría afirmar que se estaban tomando medidas cuándo le metían un nuevo gol en su cancha?
Finalmente, esta semana el INE a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) denunció que se “detectó el pasado 14 de julio una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada (mercado negro) que hace referencia a la venta de información presuntamente asociada al Padrón Electoral”.
Se trataría del padrón actualizado a 2018, y que contempla los datos digitales de 90 millones de mexicanos que es un mundo de datos. Esto ocurre muy a pesar de que el INE, nos dice en su defensa que reforzó los controles desde 2013 cuando se incluyeron “huellas o marcas distintivas” a las copias entregadas a los partidos políticos de manera de poder identificar al poseedor, cuando se haga mal uso del listado, como sucedió en 2013, por el partido Convergencia.
Más aun, en 2016, por acuerdo de los miembros del Consejo General, cada una de las copias que se entrega a los partidos, nos dice, se limitó al nombre de los ciudadanos inscritos en el padrón, con lo cual técnicamente se “reduce” el valor comercial de las copias en el mercado negro y los incentivos para comprarlo.
Ha trascendido que quienes compran esta información sensible están vinculados a áreas de inteligencia de gobiernos, policial o comercial e, incluso, ahora, que, ha aparecido el tema de Pegasus podría estar vinculado a objetivos de espionaje.
Por ello el padrón electoral sigue teniendo un valor importante, y prueba de ello, es que se sigue vendiendo y comprando a buen precio cada copia, dejando muy mal parado al INE, que está demostrado que ha fracaso en su intento de garantizar la seguridad de estos datos digitales personalísimos, ya que cualquier institución o persona física, con suficiente dinero, puede adquirirlos y perjudicar al menos la privacidad de estos millones de mexicanos.
Este flanco de fragilidad abre otro frente mediático contra el vapuleado INE. Notoriamente estamos frente a un delito electoral de primera importancia y es que se corre el riesgo, de que el padrón o la lista nominal, se utilice con fines contrarios a su propósito institucional.
Así que bien haría el INE, con el fin de despejar sospechas que puedan comprometer a sus consejeros generales y directores ejecutivos, informar de que hará ahora ante esta nueva embestida y eso pasa, por saber cómo terminó la querella contra el partido Convergencia, que se sabe se inconformó con la multa que le impuso el instituto por 73 millones de pesos y ahora, convertido en el partido Movimiento Ciudadano, interesa saber si no terminó con borrón y cuenta nueva.
Y lo mismo, en el caso de los particulares, que comercializaron el padrón y fueron identificados, nada se sabe de ellos, lo cierto es que la ausencia de sanciones efectivas y la desinformación en la materia, podría operar como un incentivo para continuar haciéndolo y eso en un momento de tensión, como el que estamos viviendo, debilita la imagen del instituto y favorece la campaña para desaparecerlo y/o asimilarlo a la Administración Pública federal, cómo lo sostiene el Presidente López Obrador.
Ciertamente el INE es una institución del Estado mexicano y cuando tiene este tipo de ataques, que no son las únicos, la ruta esta trazada por la vía judicial, no en los medios de comunicación que es el espacio preferido de los políticos. Sin embargo, este nuevo atraco al padrón visto en perspectiva de las consultas ciudadanas (contra expresidentes y la revocación de mandato presidencial) perjudica la imagen de quien es el responsable de organizarlas.
En definitiva, que el padrón y la lista nominal de electores estén en manos de particulares, no es un asunto menor, se trata de información sensible, que sólo debería tenerla el instituto y ser utilizada para los fines previstos en la legislación y esto pasa por sanciones penales contra los infractores, lo que hasta donde se alcanza a ver, no se ve que haya ocurrido desde 2003 y menos la eficacia de los correctivos cuando es tarea del INE pero, también, de otras dependencias públicas, garantizar que estos datos no sean utilizados para fines distintos a los constitucionales.