El tema de los campos de exterminio en México nos habla de una tragedia humana de magnitudes sin precedente en el marco de una especie de guerra no convencional moderna, acompañada de niveles de corrupción e impunidad desmedidos. La existencia de estos lugares, más allá del significado del concepto utilizado (por actores específicos) para describirlos, plantea también los más serios cuestionamientos a la historia oficial que ignoró los verdaderos efectos de un conflicto armado o más bien una “guerra contra el narco” declarada por el gobierno mexicano y avalada en el marco de la Iniciativa Mérida. Por esto último, no me sorprende que los esfuerzos de búsqueda reciban un apoyo fundamental por parte de la llamada “sociedad civil internacional” que van de la mano de las agendas de “desarrollo internacional”.
No obstante las implicaciones políticas de la búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado en México de los últimos años, la existencia de los campos de exterminio nos dan cuenta de una realidad trágica que debe esclarecerse y se debe llamar a cuentas a los responsables. Las “fosas comunes” que se van encontrando en diversos lugares de México plantean una serie de preguntas que no podrían -o mejor dicho, no deberían- quedar en la ignominia. Es encomiable el papel de algunas organizaciones de la sociedad civil, principalmente el papel de los colectivos de madres buscadoras de sus hijos y familiares. Así se ha avanzado en la identificación de cuerpos en estos campos de exterminio como el de La Bartolina.
La Bartolina se describe como “un centro de exterminio que el Cártel del Golfo utilizó entre 2009 y 2016”. Es un predio ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a poco más de 40 minutos de Brownsville, Texas, donde viví por ocho años. Me enteré de su existencia desde el año de 2016, gracias al periodista Enrique Lerma (a quien conocía en persona y que entonces trabajaba para Noticias 48 Univisión) y a reportes preliminares en el periódico El Mañana. De acuerdo a la información que se proporcionó, este lugar fue descubierto primero por elementos del Ejército y la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (en la administración de Egidio Torre Cantú). Sorprende que el gobierno estatal que siguió -es decir, el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca- haya mantenido un silencio incómodo que termina hasta que la Procuraduría General de la República, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, atraen las investigaciones correspondientes.
Los hallazgos en La Bartolina son escalofriantes. Se han encontrado por lo menos media tonelada de restos óseos, además de diversos objetos que pertenecieron seguramente a las víctimas de exterminio por parte del Cartel (o de desaparición forzada por parte de las fuerzas castrenses). Aún no se termina con los trabajos y los colectivos de madres buscadoras desean ingresar al lugar para realizar la búsqueda de restos de sus seres queridos. Dicen algunos miembros de estos grupos que no buscan culpables, que buscan a sus “hijos, hijas, padres, madres, hermanos, hermanas y familiares”. Entre acciones no perfectamente coordinadas, supuestamente algunas organizaciones piden una tregua al Cartel que domina ese territorio para comenzar sus labores en lo que fuera un “campo de exterminio”.
La existencia de este tipo de lugares y las historias detrás de los mismos parecen realmente perturbadoras y nos hablan de atrocidades que se cometieron en medio de una denominada “guerra contra las drogas”, avalada y apoyada por el gobierno estadounidense en el marco de la Iniciativa Mérida. Existen más preguntas que respuestas al tratar de explicar lo sucedido en estos espacios de muerte. La historia oficial sobre la Bartolina nos habla, de forma preliminar, sobre un campo de exterminio de un “cartel” que se encontraba en pugna con otro cartel muy sanguinario. Viví en esa región por algunos años y aún no me puedo explicar a ciencia cierta lo ocurrido.
Matamoros es la cuna del Cartel del Golfo y algunos se han referido a esta región como una “tierra de narcos”, es decir, una ciudad de alguna forma dominada por grupos que se dedican al narcotráfico. Su ubicación geográfica estratégica en tiempos de prohibición -al poseer costa y ser al mismo tiempo frontera- la hace un lugar lógico para el contrabando de alcohol primero y luego para el narcotráfico. Sin embargo, la virulencia de lo sucedido en la segunda década de este siglo no parece poder explicarse de forma sencilla. ¿Por qué tanta saña, tanta violencia? La sanguinariedad y la brutalidad de los sucesos ocurridos -no sólo en Matamoros, sino en todo el estado de Tamaulipas y en el noreste y el Golfo de México- sólo se podría explicar siguiendo la lógica castrense. Aún hay mucho por investigar sobre el paramilitarismo militar que se infiltró en el Cartel del Golfo después de la llegada de los Zetas. Estudié ese fenómeno en esa misma región desde 2010 y aún tengo más preguntas que respuestas. Los restos encontrados en La Bartolina ponen de nuevo en la mesa una pregunta que no he podido contestar.
¿Qué pasó en Matamoros? ¿Qué pasó en Tamaulipas? ¿Qué ha pasado en México todos esto años que se llenó de cementerios? El silencio cómplice de las autoridades estatales y federales, así como la historia oficial que trata de describir este fenómeno -aún hoy en día- como una simple guerra entre carteles me decepciona y me escandaliza. Son demasiadas las víctimas; muchas de ellas se encuentran desaparecidas. ¿Quién está en la Bartolina? ¿De quién son las toneladas de huesos que se han encontrado en Matamoros, en Tamaulipas, en todo México?
Aún recuerdo lo sucedido el 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, el día del abatimiento de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, uno de los principales líderes del Cartel del Golfo en ese momento. Yo vivía en Brownsville, Texas y escuché las balaceras que se dieron en toda la ciudad por casi diez horas (algunos dicen ocho, pero yo conté como diez). Yo vivía y trabajaba muy cerca de uno de los puentes fronterizos (todos se cerraron, por cierto), por lo que podía ver el humo y parecía que del otro lado se desarrollaba una guerra. Algunos académicos y otras personas ajenas a esta realidad no entienden por qué yo llamé a lo que pasó en Tamaulipas una guerra (una “guerra civil moderna”), pero todos los que ahí estuvieron me entenderían perfectamente.
Ansiedad, miedo, terror, y una indescriptible sensación de inseguridad y dolor fue lo que sentían quienes me contaron lo que sucedió al otro lado de la frontera (de donde yo estaba) ese día. En los días siguientes escuché muchas versiones disimiles y algunas de ellas me parecía inverosímiles. Algunas personas me platicaron de persecuciones violentas en automóviles, de luces, enfrentamientos a tiro limpio, presencia de francotiradores, granadas y helicópteros, cuerpos apilados en las calles; ellos calculaban varias decenas de muertos. Escuché ese tipo de historias por varios días, pero algunas no me hacían sentido o no quería creerlas y todas ellas contradecían a lo reportado por los grandes medios de comunicación.
Después de casi diez horas de balaceras entre miembros de la delincuencia organizada, la SEDENA y la Marina Armada de México, el saldo oficial fue más/menos de “tres marinos, un soldado y cuatro delincuentes muertos, así como cuatro agentes de la Marina y dos militares heridos” (La Jornada, 6 de noviembre, 2010). Los medios mexicanos reportaban 10 muertos, incluyendo a Tony Tormenta y a un periodista y algunos medios de comunicación locales en Estados Unidos hablaban de un número posiblemente mucho mayor. Días después del abatimiento de Tony Tormenta me reuní con Michael A. Barkin, entonces Cónsul de Estados Unidos en Matamoros [hoy asesor de política exterior del Comando Estratégico de Estados Unidos (USSTRATCOM)], y él muy “fresco”, tranquilo y seguro me dijo que los muertos eran los que decía la prensa…y “punto final”.
Finalmente decidí, por sanidad mental, y después de varios días sin dormir bien, cerrar el capítulo y dejar de preguntar. Decidí, a pesar de todo lo que escuché y lo que me dictaba la lógica -debido a la larguísima duración de los enfrentamientos y a las municiones utilizadas en casi 10 horas de tiroteos- aceptar la versión oficial. Los recientes acontecimientos relacionados con los denominados campos de exterminio en la Bartolina abren una herida y me hacen recordar que existe una historia que se debe de contar, que es preciso investigar.
El hallazgo de más de media tonelada de restos óseos es solo la punta del iceberg de lo que ha pasado en México después de que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, bien asesorado por sus socios del Norte y colaborando en el marco de la “responsabilidad compartida” de la Iniciativa Mérida, decide declarar su “guerra contra el narco”.
¿Los restos de quién están en el predio La Bartolina? ¿Hablamos simplemente de un campo de exterminio del Cartel del Golfo? ¿Hablamos de paramilitarismo criminal o de desapariciones forzadas con objeto de exterminar a los enemigos del Estado Mexicano sin seguir el debido proceso? ¿Estamos hablando de crimines de lesa humanidad? Esperemos que los colectivos de búsqueda -los cuales reciben el férreo apoyo de la sociedad civil internacional que opera muchas veces al amparo de poderosas organizaciones filantrópicas y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- puedan realizar su trabajo y logren su objetivo de encontrar a sus familiares. Recordemos que este tipo de hallazgos se extienden a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Esperemos que se esclarezcan los hechos, se identifique a las víctimas y se localice a los responsables donde quiera que estén, ya sea en México o fuera del país. Es preciso conocer la verdadera historia de los crímenes de guerra y no enfocarnos únicamente en la guerra de carteles que supuestamente tiene exclusivamente sus raíces culturales en México. Esperemos conocer bien lo que realmente pasó en esos “campos de exterminio” y asegurar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se convierta únicamente en un instrumento de presión de gobiernos de América Latina al servicio de su principal promotor. Estamos pendientes de lo que harán los colectivos de búsqueda, la sociedad civil internacional y sus financistas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación. Su labor es realmente loable: encontrar a los desaparecido y develar la verdad.