En este país, donde cada día explota un escándalo que tapa el anterior, el de este momento es la relación criminal entre un candidato presidencial y su amante y cómplice en la compra de votos, y una maraña de jugadas sucias que llevan a que ese costo no salga del bolsillo de los compradores sino de los de todos los colombianos.
El ruido del escándalo es atronador, pero lo es más aún el silencio de la Fiscalía encargada de investigar los hechos y de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que debió haber abierto una investigación, porque uno de los involucrados es nada menos que el Presidente del Senado.
Esos hechos, que eran un secreto a voces en Barranquilla, se volvieron escándalo nacional cuando la policía allanó la llamada Casa Blanca, sede de la campaña de la candidata al Senado Aida Merlano, donde dicen que encontraron armas, además de sumas altas de dinero.
Ya era de por sí extraño ese allanamiento a un lugar conocido por todos como de tráfico de dinero por votos, pero la cosa empezó a mostrar sus turbiedades cuando Merlano, luego de su detención, se fugó de la cárcel aprovechando que le habían concedido permiso para ir al dentista. Los noticieros de televisión la mostraron saltando por la ventana del segundo piso, descolgándose por una cuerda y abordando de inmediato una motocicleta que la esperaba.
Y se perdió por unos días su rastro hasta que apareció detenida en Venezuela -aprovechando lo cual, como era de esperarse, el presidente Iván Duque acusó de complicidad a Nicolás Maduro-, hasta cuando hace relativamente poco empezó a pedir ser enviada en extradición a Colombia para relatar ante la Fiscalía todo lo que conoce del caso: sus actuaciones y las de sus jefes políticos: el Presidente del Senado, el candidato a la presidencia, el contratista más favorecido por las entidades públicas, miembros de las familias más “consideradas” por la sociedad barranquillera y aún más arriba, los jefes políticos de estos.
La gran prensa se había quedado en lo truculento del caso y en el morbo de las infidelidades conyugales entre Merlano, Alex Char y Gerlein, dejando de lado lo realmente importante: el entramado de corrupción del cual Merlano, si bien es culpable, resulta ser también víctima de sus superiores.
Proveniente de una humilde familia, dice que desde que nació vio la compra de votos como algo normal; su padre lo hacía y ella empezó a involucrarse, hasta cuando Julio Gerlein, el súpercontratista, cuyo hermano fue 50 años senador por el partido Conservador, 40 años mayor que ella, a sus 16 años la hizo su amante y mandadera en el negociado de los votos.
Luego entra en el asunto Alejandro Char, exalcalde, exgobernador, candidato actual a la presidencia, quien se hace también su amante, pero sobre todo, su principal jefe la compra venta electoral.
Ahora, gracias a la nueva revista Cambio, aparece de nuevo Aida Merlano, que estaba fuera del radar de las noticias, revelando cómo se daba esa compra y cómo el dinero que se invertía en ese negocio era recuperado vía contratación estatal. Así, quien desembolsaba para la compra luego recuperaba su inversión mediante el porcentaje que sacaba de cada contrato que otorgaba la administración. Es decir, lo pagábamos todos los colombianos.
El actual fiscal general, ante la presión de los medios independientes y las redes sociales para que informe por qué no ha actuado ante las terribles acusaciones que ha hecho Merlano, ha respondido que ésta no ha entregado pruebas.
La periodista María Jimena Duzán lo desmiente demostrándole que desde hace dos años, cuando era fi scal Néstor Humberto Martínez, Merlano entregó pruebas sufi cientes para abrir investigación contra Alejandro Char, el candidato presidencial, su hermano Arturo, el presidente del Senado, su padre, Fuad Char, el jefe del clan, exministro, exsenador y empresario poderoso de la Costa atlántica y el súpercontratista y “socialité” Julio Gerlein.
Dice María Jimena que la fiscal que recibió la denuncia está investigada, sin que nada ocurra en su contra, por prevaricato, por acción y por destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos. Eso no fue entregado como un chisme sino como una actuación pública que debe reposar en la fiscalía.
¿Cómo puede entonces decir el fiscal que no hay pruebas? Y en la presente dirección de la Fiscalía, la hermana de Aida Merlano se comunicó, según hay chats que lo comprueban, con ese ente investigador, para entregar pruebas y quien recibió la oferta respondió que debía consultar con sus superiores. Respuesta absurda porque los fi scales son independientes en sus decisiones.
Finalmente la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que investigue a Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char, Julio Gerlein y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe del partido Cambio Radical, al cual están afiliados los anteriores.
Asimismo, la Corte ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al exfi scal general Néstor Humberto Martínez, al presidente Duque y a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Todo ello, con base en las mismas pruebas que al exfiscal Néstor Humberto no le parecieron suficientes para abrir investigación.
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JG