Se está volviendo una constante que se hagan públicos cada vez más acontecimientos que ponen en evidencia el mal Gobierno de Lilli Campos, Presidenta Municipal de Solidaridad.
Si bien es cierto que desde que llegó al cargo se sabía de su inexperiencia y falta de talento, también lo es que en el peor escenario, no era imaginable tanta incapacidad, al menos se pudo pensar que conformaría un Gobierno medianamente eficiente y sería bien asesorada; ninguna de ambas cosas sucedió.
El resultado no solo es un Gobierno fallido, ahora también se puede hablar de mala intención y todo lo que eso significa y conlleva, desde el desastre en la elaboración y operación de todo tipo de contratos; es decir, de aquellas operaciones de servicios, adquisiciones y obras que el Ayuntamiento lleva a cabo, hasta la simulación de concesiones.
Nos referimos al intento, afortunadamente frustrado, de otorgar en comodato, a título gratuito, la operación del Parque Público “Xaman Ha”, ubicado en el desarrollo Mayakoba, en el que el municipio ya había invertido al menos 20 millones de pesos en infraestructura.
La idea era desincorporar el parque en mención, en favor del desarrollo Mayakoba, por 99 años, lo que hubiera significado una pérdida de casi 10 hectáreas del patrimonio municipal y adicionalmente, quitarle a la población solidarense un espacio de recreación gratuito.
Todo estaba planeado y orquestado para que en la sesión de Cabildo del pasado martes 28 de febrero, en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, materialmente en secreto y como única justificación presentarlo como punto de acuerdo de urgente resolución, se consumara lo que bien podría calificarse de un despojo.
Sin embargo, el Síndico Municipal, Adrián Pérez Vera, enterado de la confabulación, y dándose cuenta de que en el orden del día de esa Sesión no se exponía la información necesaria y suficiente para el propósito, expuso en sus redes sociales que solicitaría respetuosamente que se eliminara dicho punto de la orden del día de la Sesión del Cabildo.
Pérez Vera argumentó que desde el 16 de enero pasado había pedido formal y oficialmente a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, anexando a su publicación la copia del oficio, la información indispensable para que él y sus compañeros Regidores pudieran formar un criterio y tomar la decisión correcta.
Pero como no obtuvo respuesta, literalmente exigió cancelar el procedimiento hasta en tanto no se contara públicamente con toda la documentación correspondiente y una explicación a detalle del porqué de la propuesta de la Alcaldesa.
Se dice, se rumora y se comenta que evidentemente detrás de la intención de Lilli Campos de otorgarle el parque a Mayakoba se sospechó, y con toda razón, que había algún tipo de arreglo económico individual en beneficio personal de la Munícipe, que se especula rondaba alrededor de la misma cantidad que el Ayuntamiento ya había invertido en el parque; es decir, la friolera de 20 millones de pesos.
Naturalmente que la publicación del Síndico Adrián Pérez encendió las alarmas, tanto de los Regidores como de muchos actores políticos y sociales de Solidaridad, quienes de inmediato se manifestaron en contra.
Esto provocó, en consecuencia, una andanada de reclamos y exigencias de transparentar el procedimiento, bajo la perspectiva que no obedecía a ninguna causa lógica, salvo que solamente se tratara de un evidente acto de abuso de poder y corrupción.
Digamos que la presión fue tan poderosa, que a Lilli Campos no le quedó más remedio, ante la ausencia de una justificación comprensible, que echar atrás el intento de despojo y cancelar el punto de acuerdo.
Lisa y llanamente fue sorprendida en la ingenua y torpe maniobra, y muy a su pesar, no tuvo más opción que declinar llevarla a cabo, lo que nos demuestra, una vez más, que la ambición combinada con la torpeza no solo es un reflejo del desconocimiento de las leyes y su aplicación; peor aún, confirma la perversidad derivada del exceso.
El tema es que en el pasado existen antecedentes similares, en los cuales Lilli Campos ha estado presuntamente inmiscuida, como lo expone Fabiola Cortés, quien ha presentado una denuncia en su contra por el delito de despojo.
La señora Cortés se presentó recientemente en la Fiscalía, con sede en Playa del Carmen, cabeza municipal de Solidaridad, para atender una diligencia relativa a dicha denuncia, misma que, por cierto, fue cancelada, en la que deberían participar peritos y agentes ministeriales respecto al despojo sufrido por el señor Roberto Chan.
Nos dicen que se trata de un predio de más de 40 hectáreas, ubicado en la zona entre Akumal y Puerto Morelos, donde el señor Chan, quien no sabe leer ni escribir, se dedicó desde hace 50 años a la extracción de chicle.
Nos explican que el modo de operar el despojo se llevó a cabo con argucias, aprovechando la ignorancia en materia legal del señor Chan para hacerlo firmar documentos de los que desconocía la implicación jurídica de los mismos.
Asimismo, mediante la elaboración de decenas de cédulas catastrales en un tiempo récord e inusitado, con lo que se daba sentido al documento que con mentiras le hicieron firmar al señor Chan.
Se especula que, además de Lilli Campos, el otro principal beneficiario de esta operación realizada en contubernio, fue nada más y nada menos, que el exgobernador Carlos Joaquín, promotor y padrino político de la hoy Alcaldesa. Que por esa razón se puede entender que el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, leal colaborador del exmandatario, los protege celosamente a ambos, y por ello cancela las diligencias para evitar el seguimiento del debido proceso jurídico.
Como hemos comentado en ya muy diversas ocasiones en este espacio de análisis, en el caso de Lilli Campos, solo es cuestión de tiempo para que le explote una bomba legal, porque en todo caso, hablando de gobernabilidad el municipio, ya está hecho añicos. Por ello no es de sorprender que diversas voces apuesten a que no concluirá su mandato.