La última jugada intentada por la derecha extrema es obligar al presidente de la República, Gustavo Petro, a que se someta a exámenes médicos para evaluar su capacidad para continuar ocupando el cargo para el cual fue elegido para un periodo de cuatro años, del cual ha transcurrido apenas una cuarta parte.
La solicitud, que no ha sido presentada en el Congreso de la República, escenario que la Constitución prevé para ese eventual caso, se ha difundido profusamente por redes sociales y declaraciones de prensa, con lo cual buscan generar la idea de que el presidente está incapacitado.
Buscan ambientar una calumnia para que, cuando se demuestre su falsedad, ya el daño se haya causado. Fue esa la estrategia que usaron para difundir la “noticia” de que un narcotraficante del departamento del Meta (frontera con Venezuela) había dado dinero para la campaña presidencial de Petro. Con el agregado de que de ahí habían salido tres maletas llenas de dinero con ese mismo destino.
Cuando el vocero del Pacto Histórico -el del presidente- demostró la falsedad, la difusión fue mínima comparada con la de la mentira, con lo cual el daño alcanzó a consumarse.
Este nuevo embate, para declarar al presidente incapaz de cumplir con sus funciones, se basa en las múltiples cancelaciones de última hora que este ha hecho de sus compromisos protocolarios públicos en el país y en el exterior o con su asistencia a ellos hasta con cuatro horas de retraso.
Esos incumplimientos o impuntualidades son exasperantes y lo muestran como maleducado, pero de ninguna manera pueden llevar a considerarlo incapaz de desempeñar el cargo. Hasta ahora no hay función que no haya podido cumplir en la conducción del Estado. La rama Judicial funciona normalmente, el Legislativo también y el Ejecutivo se desempeña normalmente.
Los resultados de este primer año de Gobierno son agridulces, pero muchos índices económicos y sociales han mejorado comparando con el desastroso periodo de su antecesor. Ha bajado el desempleo, el dólar no se trepó a las nubes como habían pronosticado los opositores, se logró el cese al fuego con el ELN, ha iniciado la entrega de tierras a campesinos, se han asignado subsidios de vivienda y, a pesar de que la Procuradora y el Fiscal General han mostrado parcialidad contra el Presidente, este ha respetado su independencia como organismos de control independientes, sin intentar atropellarlos, especialmente en el caso contra su propio hijo por corrupción. Pero hay fallas protuberantes en la ejecución, en parte por el estilo de Gobierno del presidente y su comunicación no siempre fluida con sus ministros.
La última inasistencia, muy comentada en la prensa, fue esta semana a la asamblea de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) a la que tradicionalmente son invitados el Presidente y el Fiscal. Hay que considerar que éste, que cada día se muestra más como político en campaña a la presidencia y enemigo de Petro, la noche anterior en un discurso público fue más virulento que de costumbre, y se sabía que era considerado la estrella de la asamblea del día siguiente.
Así que no había que hacer mucho esfuerzo para saber que esa iba a ser una encerrona al presidente. El Fiscal fue ovacionado de pie y estaba cantado que al Presidente, si hubiera ido, muy posiblemente los chifl idos no le habrían permitido siquiera hablar. Es de las pocas ausencias justificadas.
Pero el Presidente tiene que responder con una convocatoria audaz para la concertación de esfuerzos comunes que incluya a los empresarios y todos los estamentos sociales para recuperar la idea con que inició su mandato: un gran acuerdo nacional por la paz y el progreso.