En cumplimiento de la Constitución Política, el presidente Gustavo Petro envió a la Corte Suprema de Justicia la terna de la cual ese alto tribunal deberá elegir a la próxima Fiscal General de la Nación.
La terna está integrada por tres juristas experimentadas, que han sido con notable eficiencia fiscales delegadas ante la Corte. A diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos casos, en el presente ninguna de ellas es amiga del Presidente, ninguna pertenece a una organización política a la cual deba su postulación y a ningún político le están pagando su apoyo al Gobierno con estas postulaciones.
Ocurrió en las últimas semanas que, cercana ya la fecha en que debía realizarse la elección, el Presidente de la República, en forma poco prudente, insinuó que en caso de que la Corte no eligiera a ninguna de las incluidas en la terna, el pueblo debería manifestar su inconformidad para que ese mensaje llegara hasta la Corte y los llevara a tomar una decisión pronta.
La semana anterior, varias organizaciones sociales realizaron un plantón, vociferante, como suele ocurrir, a las puertas del Palacio de Justicia para pedir a la Corte que eligiera prontamente a la Fiscal General. De inmediato surgieron voces de la oposición diciendo que el Presidente estaba violando la separación de poderes e inmiscuyéndose en los terrenos de la Corte. Varios manifestaron que los magistrados habían estado secuestrados por los protestantes y alguno incluso dijo que eso le recordaba el ataque del M19, organización guerrillera en la que militó el presidente Petro, a ese mismo Palacio de Justicia, en cuya retoma por parte del Ejército fueron asesinados varios magistrados, funcionarios e incluso visitantes, hubo desaparecidos, torturados y personas que, habiendo salido vivos del Palacio, sus cadáveres aparecieron luego dentro de él.
Luego se sabría que el Director de la Policía, que se hizo presente en el lugar de la manifestación, le había preguntado al Presidente de la Corte si quería que retiraran a los protestantes y éste respondió que no.
Es posible que el Presidente se haya equivocado en la forma de su convocatoria e incluso en haber pedido celeridad a la Corte, pero eso está lejos de lo que algunos de sus antecesores hicieron contra ese alto tribunal para impedir la realización de sus investigaciones cuando estas podían perjudicar a sus aliados e incluso al Presidente mismo.
Cómo no recordar los tiempos en que, siendo presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, la sala plena de la Corte fue espiada por el Departamento Nacional de Inteligencia (DAS) -que operaba bajo órdenes directas de la Presidencia- que colocó micrófonos para escuchar ilegalmente las deliberaciones. En ese momento, ese tribunal investigaba la llamada parapolítica, que incluía la relación de varios parlamentarios, políticos y funcionarios cercanos al Presidente con las bandas paramilitares.
Ese episodio, conocido como las chuzadas del DAS, resultó en la condena del secretario general de la Presidencia y de varios congresistas de esos a quienes Álvaro Uribe les pidió que antes de que los condenara la Corte aprobaran sus proyectos. Era ese mismo el Congreso del cual Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, dijo que el 35 por ciento era de ellos, de los paramilitares.
Muchos de quienes hoy pegan el grito en el cielo pidiendo respeto por la Corte, guardaron silencio complaciente cuando eso ocurría. No son meras especulaciones: el entonces presidente de ese alto tribunal, Yezid Reyes, acaba de ser reconocido como víctima de esa persecución e indemnizado por los perjuicios recibidos.
Así que lo mejor es que todos nos serenemos, que el Presidente demuestre una extrema prudencia en el caso y que la Corte elija en el menor tiempo posible a una de las candidatas incluidas en la terna para evitar que la actual Vicefiscal, sobre quien pesan graves acusaciones de presunta corrupción siga ocupa